Foto: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA. Todos los sindicatos presentes en la mesa sectorial de Sanidad han rechazado el borrador del decreto de difícil cobertura, regulación con la que el departamento dirigido por Miguel Mínguez busca paliar la deficiencia de personal que existe en áreas de salud de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, no ha gustado a los representantes de los trabajadores por la falta de control en la definición de las plazas y la posible designación obligatoria en algunas de las fórmulas planteadas.
Como explicaba la pasada semana Valencia Plaza, con el fin de incentivar a los profesionales a ocupar estas plazas, el borrador del proyecto de decreto contempla varios incentivos, entre ellos el económico. Para los facultativos (A1), éste será de 4.000 euros anuales. En el caso de enfermería (A2), de 2.600 euros. Los técnicos superiores (C1), 1.600 euros anuales; los TCAE (C2), 1.200; mientras que los celadores (agrupaciones profesionales) recibirán 800 euros anuales más.
Sin embargo, hay varios planteamientos que no contentan a los sindicatos. Por un lado, CCOO señala que la diferencia entre las categorías es muy amplia y que, en el caso de las inferiores, puede suponer incluso más gasto en desplazamiento que el valor que pueda aportar el incremento. Por lo tanto, esperan que la conselleria revise estos importes en una nueva mesa técnica antes de llevar el documento a la mesa sectorial.
Mientras, UGT Serveis Públics señala que el planteamiento actual del decreto no garantiza la transparencia de estos procesos. En concreto, UGT había solicitado la constitución de comisiones asesoras con una participación real de la parte social al considerar clave una herramienta de control para evitar abusos en el futuro. También pidió retirar la creación de nuevas plazas con perfil de ámbito territorial y funcional que prestarán servicios en dos o más centros, una iniciativa que no contenta a la mayoría de los sindicatos.
Y es que, el borrador establece el concepto de alianzas estratégicas entre departamentos. Se trata de acuerdos entre servicios asistenciales y unidades de gestión clínica de diferentes departamentos de salud, con el fin de compartir recursos de un área a otra con carencias. Desde el sindicato se defiende la dotación adecuada de recursos humanos en cada uno de los centros y la estabilidad laboral evitando “centros de tránsito”.
En este sentido, señala que tal como está redactado no garantiza la voluntariedad del personal en la participación de las alianzas estratégicas y se mantiene la posibilidad de obligar a los trabajadores y trabajadoras en la aceptación de una alianza entre diferentes departamentos. Mientras, CSIF se opone a dicha versión al entender que Sanidad pretende aprobar “con precipitación, sin negociación y desincentivando al personal”. El sindicato señala que el decreto contempla el traslado forzoso si no hay voluntarios para cubrir esas plazas, de profesionales entre departamentos.
En este sentido, piden a la conselleria que escuche la negativa frontal sindical en la Mesa Sectorial, sin un solo apoyo a esa decisión, y que “en lugar de maltratar a sus profesionales los incentive con mejores condiciones laborales y retributivas”. El sindicato recalca que esta
medida que propone la Administración “empeora las condiciones laborales y provoca la marcha de profesionales a otros lugares donde los valoran más”.
