el sur del sur / OPINIÓN

Todos tuvimos un Borbón

22/03/2020 - 

Fue el pasado domingo 15 de marzo, cuando a media tarde se hacía público el comunicado de la Casa Real por el que se anunciaba que el Rey Felipe VI renunciaba a la herencia de Don Juan Carlos "que personalmente le pudiera corresponder", al tiempo que se avanzaba que Don Juan Carlos dejaba de percibir la asignación que tiene fijada en los Presupuestos de la Casa de S.M. el Rey. Detrás de todo, como saben, están las informaciones que apuntan a las finanzas del Rey Juan Carlos llevan años bajo sospecha sobre el presunto cobro de comisiones ilegales.

El anuncio, realizado en pleno inicio de las medidas de confinamiento decretadas con la entrada en vigor del Estado de Alarma, parece haber pasado en un segundo plano dentro de la agenda mediática, aunque todos los medios de comunicación se hicieron eco, con destacados titulares. Otra cosa es cómo se han posicionado para analizar lo ocurrido y para distinguir entre la figura del rey emérito y la Monarquía. No sabemos cómo finalizará el caso de las supuestas comisiones ilegales, pero la única verdad es que a Juan Carlos I no se le puede juzgar por lo ocurrido antes de 2014, cuando abdicó y, por lo tanto, sólo a partir de ese año, cuando perdió su inviolabilidad penal.

Sirva este ejemplo, capital en el sistema democrático español, independiente de cuál sea su desenlace, para poner de nuevo sobre la mesa la necesidad de transparencia de todas las instituciones públicas, y que lo que pasó en España a partir de la crisis económica 2009, con la aplicación de medidas en favor de la mejor fiscalización de los recursos públicos y de la labor de sus responsables políticos, sigue vigente y debería inmiscuir a instituciones como la Monarquía, Cuando más transparentes son las instituciones, mejor se defienden. Hay que ser exigentes siempre, gobierne quien gobierne, esté quien esté.

Viene esto al caso porque hace aproximadamente una década, Alicante en particular, y la Comunitat Valenciana, en general, pasó por una situación similar. No sólo por lo que sucedió en las instituciones públicas, y con los casos de corrupción protagonizados por determinados políticos. La confusión de poder y legitimidad fue tal durante unos años que los medios de comunicación llegaron tarde a la tarea de la fiscalización en algunas instituciones y sólo incrementaron la presión y comenzaron a sacar episodios vergonzosos y vergonzantes con el habeas corpus de la entidad de turno yaciente. 

No mencionaré administraciones públicas. Creo que todo sabemos lo que pasó durante una época en la Comunitat Valenciana, y cómo ha acabado. Hay otros dos casos más sangrantes: la semipública Caja de Ahorros del Mediterráneo y el Hércules CF, sociedad anónim, pero de elevado calado social en la ciudad de Alicante. En el primer caso, la CAM, hasta el 2008, cuál monarquía local, gozó de inmunidad informativa: la crisis había comenzado a hacer mella, pero todavía no había tenido efectos drásticos en el territorio; es más, ese año, el 2008, le fue bien a la CAM, con lo que la joya de la corona de Alicante era como Juan Carlos I, intocable para todos. Creo recordar que sólo con los intentos de fusión con CajaAsturias, como entidad casi directora de la operación, y con CajaCantabria y CajaExtremadura, empezaron a sembrarse las primeras dudas de la gestión, que finalmente acabaría con la intervención del Banco de España, en julio de 2011. Hasta esas fecha fue un bastión incuestionable para los medios de comunicación, y máxime para el dominante


Y algo similar pareció con el Hércules CF. También como la CAM, vivió su mejor momento en 2009, con el ascenso a Primera División, y mientras duró ese idilio, entre poder político, directivos y masa social, cuestionar a la entidad blanquiazul, como a la propia CAM, era como hacerlo contra los cimientos de Alicante. Afortunadamente, las escuchas del caso Brugal nos abrieron los ojos: en algunas operaciones de la CAM (también de Bancaja y del Banco de Valencia), y en el modus operandi del Hércules, con el famoso crédito de 18 millones de euros del IVF, que supuestamente fue para tapar los agujeros de la entidad blanquiazul (y quién sabe si para confeccionar la plantilla de la Primera División) y que no se ha repuesto a las arcas públicas.

Hércules y CAM, CAM y Hércules, sólo cayeron en el descrédito, a posteriori, cuando con sus vergüenzas ya estaban al aire y se rastreaban como un pendón mancillado. Durante esa etapa apenas hubo ni crítica de los medios de comunicación, ni autocrítica. Es más, hubo periodistas identificados con las entidades.

Y como decía el otro día el director de www.eldiario.es, Ignacio Escolar, "no ha habido ninguna época en las cuatro décadas de reinado de Juan Carlos de Borbón en la que utilizar el puesto para lucrarse indebidamente haya estado bien visto por ningún código ético o moral de los comúnmente aceptados por la mayoría social española. El único espejismo fue el de tantos medios de comunicación que, durante décadas miraron hacia otro lado, ignoraron las evidencias y blanquearon la figura del rey por un mal entendido sentido de la responsabilidad". Aplicable en el Alicante de aquella época.

Y añade: "Nadie hereda los pecados de su padre. Tampoco el rey Felipe. La responsabilidad no es hereditaria –aunque la jefatura del Estado tampoco lo debería ser–. Pero si la prensa no cumple con su papel, fiscalizar al poder, dentro de cuarenta años podríamos estar ante el mismo problema que tenemos hoy. Y nos volveríamos a preguntar el porqué". Pues eso. El papel de los medios de comunicación es y debe ser fundamental para fiscalizar todo, más allá de la labor que ejerzan los partidos de la oposición y la justicia, sean el destino final de los fondos del grupo popular en la Diputación de Alicante, o el despilfarro de los ERE fraudulentos de Andalucía (salvando la distancias). Hace unos años pasó en la ciudad: la fiscalización vino a destiempo. Y lo acontecido estos días con la Monarquía no deja de ser un aviso. La transparencia es la mejor defensa de una institución. Y en su día lo hubiera sido de la CAM o del Hércules CF. Quizás la investigación parlamentaria no sea el mejor camino, pero algún método de rendición de cuentas no estaría de más. Para que ya no sea tarde.

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