ALICANTE. El Hércules sabrá este miércoles si su Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) es validado o no por la autoridad laboral.
Será gracias al silencio administrativo (positivo), toda vez que el alud de solicitudes está provocando que la inmensa mayoría de ERTE sean aprobados por esa vía. Es el caso que han corrido, sin ir más lejos, los del Balonmano Benidorm que lo presentó un día antes que el Hércules o el del Castellón, club del grupo III que también se adelantó a los blanquiazules a la hora de solicitar acogerse a esta medida de reducción temporal de empleo.
El Hércules, el Benidorm o la Fundación Lucentum y el Balonmano Elche (que también han tramitado su solicitud a Trabajo y ya cuentan más con un respuesta por silencio administrativo que otra cosa) se han apoyado en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas extraordinarias para paliar el impacto del Covid-19 para presentar un ERTE por "causa de fuerza mayor", por la pérdida de actividad como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno.
Cinco días y silencio administrativo positivo
El citado Real Decreto-ley establece en el apartado c de su artículo 22 que "la resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor". Es decir, que el plazo para resolver las solicitudes es de cinco días hábiles desde el siguiente a la presentación y de no haber respuesta en ese plazo opera el silencio administrativo que con carácter general, en procedimientos iniciados a instancia de un particular, tiene sentido positivo de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y dado que ni el Real Decreto-ley 8/2020 ni la norma que regula los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada hacen referencia a este aspecto.
Sujeto a revisión
Ahora bien, el que los clubes vayan a ver validado su ERTE no quiere decir que este no esté sujeto a revisión, que la Administración, de oficio (o a instancia de un interesado), pueda tumbarlo posteriormente con las consecuencias, especialmente económicas, que eso conlleva.
70 empleados, 200.000 euros/mes y un máximo inicial de 90 días
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El Hércules, por ejemplo, presentó una solicitud de reducción temporal de empleo con efecto retroactivo, concretamente al 14 de marzo, el día en el que se decreta el estado de alarma y por el tiempo que se mantenga esa situación; así lo dice en la memoria, si bien, si ese tiempo excede los 90 días habrá que prorrogar la vigencia del ERTE. Además, los trabajadores con contrato temporal (los futbolistas, sin ir más lejos) verán prorrogarse la duración del mismo en el tiempo que dure el ERTE.
La reducción afecta a la totalidad de sus trabajadores (70) y que pasan a percibir del Servicio Público de Empleo una prestación económica que asciende al 70% de la base de cotización que figura en su nómina de febrero pero con un tope máximo de 1.098,09 euros para aquellos con jornada completa y sin hijos (1.254,86 euros, si tienen un hijo; 1.411,83 euros, si tienen dos; etc.). De ahí que se pueda hablar de que sufrirán una merma significativa en sus ingresos, especialmente los futbolistas de la primera plantilla pero no solo ellos toda vez que el club no parece que vaya a indemnizará a sus trabajadores durante el tiempo del ERTE, es decir, a completar esas cantidades prestaciones para que mantengan los trabajadores mantengan su nivel de ingresos.
La carga salarial del Hércules ronda 200.000 euros mensuales, cantidad que sale de los bolsillos de Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, toda vez que los ingresos (incluidos los atípicos) que genera el club se destinan, siempre que no sean embargados por la Agencia Tributaria, al cumplimiento de otras obligaciones económicas dentro de un presupuesto que asciende a 3,6 millones de euros).
