Últimamente partidos como Compromís o el PSOE han intentado imitar a UPyD proponiendo, con la boca pequeña y sin llevarlo a efecto cuando gobiernan, la supresión de las diputaciones provinciales. Como suele pasar con las malas imitaciones, pueden dar el pego a primera vista pero, en el fondo, no son más que un intento de “tocomocho” para engañar en este caso al conjunto de los ciudadanos.
Si algo ha distinguido a UPyD del resto de partidos políticos ha sido su claridad a la hora de afrontar los grandes problemas de nuestro País, no ser “políticamente correctos” (cosa que como hemos visto tiene un alto precio), abordando temas que son tabú para el resto, como la desigualdad de derechos de los españoles originadas por nuestro sistema político territorial asimétrico, la corrupción, etc.; incluso poniendo estas cuestiones encima de la mesa, antes de que socialmente fuesen vistos como problemas, bien por desconocimiento o por no resultar conveniente para los partidos aplicar la lógica para solucionarlos, ya que su solución conllevaría una pérdida de poder y privilegios para los propios partidos del stablishment.
Desde el año 2007, cuando casi nadie quería ver “la que se nos venía encima”, UPyD propuso la fusión de los municipios pequeños, para que las entidades locales tuviesen un tamaño mínimo que les permitiese, por economía de escala, dar los servicios municipales que legalmente tienen que ofrecer “obligatoriamente” y que, actualmente, no pueden por carecer de la financiación y tamaño necesario. Evidentemente esa fusión, que nos abocaría a la supresión de las diputaciones, no significaría liquidar nuestros pueblos, sino asemejar nuestra estructura administrativa a la de la mayoría de los países de nuestro entorno europeo y conseguir un ahorro de 22.000 millones de euros.
Esta reforma territorial propiciaría contar con unas administraciones locales fuertes y sostenibles, equiparables en recursos y competencias al Estado y a las Comunidades Autónomas, manteniendo una importante cartera de servicios cerca de los ciudadanos.
Sin embargo, las propuestas de otros partidos que últimamente abogan por la supresión de las diputaciones, lo que desean es aumentar su cuota de poder, pasando las competencias y recursos de estas entidades provinciales, a la Comunidad Autónoma, alejando el control de los ciudadanos la gestión de los recursos y los servicios. Una propuesta perversa en términos democráticos, merced al injusto sistema electoral, como por ejemplo el de nuestra Comunidad Valenciana, donde el voto de un ciudadano de Castellón vale casi el doble que el de un alicantino o valenciano a la hora de traducirse en escaños y poder en Les Corts Valencianes.
Cuando Compromís y PSOE proponen este “tocomocho” con las diputaciones, después de hacer números, acomodando sus propuestas a sus intereses, en lugar de pensar en cambios profundos que acerquen el poder al ciudadano, con sistemas más directamente proporcionales y eficientes, los ciudadanos deberíamos estar alerta para que “no nos den gato por liebre” ni una “estampita” como si fuese un décimo premiado de lotería.
En parecidos términos podríamos plantearnos las supuestas propuestas federalistas (en realidad propias de un sistema confederal) de estos dos partidos y alguno más de los que dicen ser de izquierdas. Pretenden profundizar en el sistema de privilegios y la desigualdad de derechos, dependiendo de si eres vasco o manchego, gallego o catalán. Pero este tema también da para mucho más que unas líneas, sobre todo si además tenemos que decidir si somos una nación, o algunos pueden ser de dos naciones a la vez, o de tres, según convenga.