VALÈNCIA (VP). La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y otras entidades presentes en la organización de consumidores europea (BEUC) denunciaron a TikTok con el objetivo de que la empresa mejorara sus prácticas y condiciones para respetar los derechos de los consumidores europeos y ser una red social segura donde los usuarios, especialmente los más jóvenes, puedan divertirse sin verse privados de sus derechos.
Entre las acciones realizadas por OCU a nivel nacional se solicitó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que iniciara una investigación exhaustiva sobre las políticas y prácticas de TikTok para asegurar que la citada plataforma respeta los derechos de los consumidores de la UE.
La AEPD remitió la denuncia a la autoridad de control de Irlanda, Data Protection Commission (DPC), al considerarla la autoridad competente en este caso. La DPC se ha pronunciado y su decisión, adoptada el 1 de septiembre de 2023, recoge las constataciones de infracción de los artículos 5.1.c), 5.1.f), 24.1, 25.1, 25.2, 12.1,13.1.e) y 5.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), por lo que ha adoptado las siguientes decisiones contra la compañía:
- Un apercibimiento.
- Una orden conminatoria por la que se obliga a TikTok a adaptar su tratamiento de datos mediante la adopción de una serie de medidas en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se les notifique esta resolución.
- Multa administrativa por un total de 345 millones de euros.
En comunicado escrito remitido el 31 de octubre por la AEPD a esta organización, la DPC agradece a OCU que haya presentado la reclamación y espera que su decisión sobre este asunto y el ejercicio de facultades correctoras, incluida la imposición de la mencionada sanción tan sustancial (la quinta más relevante desde la entrada en vigor del RGPD) se consideren «eficaces, proporcionadas y disuasorias», reflejen la naturaleza y el alcance de las infracciones cometidas y ayuden a poner fin satisfactoriamente a este asunto.
En un comunicado, la OCU ha celebrado que su labor de vigilancia y defensa de los consumidores tenga efecto y mejore así las condiciones de mercado y los derechos de los consumidores.