Supercontrato de la basura: 37 pueblos de l'Alcoià y l'Alacantí licitan su eliminación por 15 millones 

ALICANTE. Los 37 ayuntamientos de l'Alcoià y l'Alacantí agrupados en el consorcio comarcal de residuos de la zona 7 A2 impulsan un proceso histórico para dar seguridad jurídica al tratamiento de sus desechos. Esos 37 municipios, entre los que se encuentran grandes poblaciones como Alcoy y San Vicente, por ejemplo, acaban de convocar el concurso para regular por primera vez la prestación del servicio de tratamiento y eliminación de sus basuras, doce años después de que entrase en funcionamiento la planta que se encarga de ello: la de Piedra Negra, en Xixona.

Por partes. La licitación se convoca por un importe de 15 millones y un plazo de duración de dos años: desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019. Se trata de un contrato provisional (o solución transitoria) hasta que el consorcio complete la redacción del proyecto de gestión (las reglas del juego que se deberá aplicar en ese tratamiento) con el que podrá externalizar el servicio de manera definitiva. Este primer concurso vendría a zanjar, así, una anomalía que se ha venido manteniendo desde 2005, cuando una sociedad mixta constituida por Vaersa y Cespa (del grupo Ferrovial), aprovecharon la llegada de fondos europeos para construir y poner en servicio un vertedero comarcal.

La planta ha venido tratando en precario la basura de todos esos municipios (temporalmente, también de poblaciones de la provincia de Valencia), sin que existiese ningún acuerdo de encomienda de servicio que regulase las relaciones entre los ayuntamientos y esa empresa mixta. De hecho, esa circunstancia ha llevado a varios de esos 37 ayuntamientos a tener que levantar los informes de reparo de legalidad de sus interventores para poder pagar los costes de eliminación de sus basuras. 

Además, según fuentes del consorcio, la incertidumbre que se venía manteniendo hasta ahora se extendía incluso a la determinación de los precios de tratamiento. De hecho, varios ayuntamientos -como el de San Vicente- llegaron a negarse a asumir subidas en el canon propuesto por la sociedad gestora de la planta tras alegar que se trataba de acuerdos adoptados de manera unilateral, sin respaldo de ningún contrato.

La anomalía se enredó si cabe todavía más en la antesala de las municipales de 2015, cuando la empresa pública Vaersa decidió desprenderse del 51% su propiedad en la planta en pública subasta. Su socio hasta entonces, Cespa, se hizo con esa participación por 5 millones de euros, de modo que se convirtió en propietario único y siguió asumiendo la prestación del servicio para los 37 ayuntamientos ya en solitario.

Varios de los municipios consorciados han tenido que levantar informes de reparo de legalidad para poder pagar el coste de eliminación, al no existir contratos que regulasen el servicio

Cespa parte, de hecho, de una posición hasta cierto punto aventajada para ganar el concurso, ya que, en el pliego, se determinan al menos dos condiciones que podrían procurarle un bonus en la valoración de las ofertas. La primera es contar con una autorización ambiental integrada (AAI) en vigor. Y la segunda, es que -con la intención de procurar un sistema sostenible desde el punto de vista ambiental y de organización de los flujos de tráfico- se primará la cercanía respecto a los 37 municipios que componen el consorcio con una puntuación de 0 a 20 puntos. La planta de Xixona sería, en principio, la más próxima a esas 37 poblaciones. Pero podría competir cualquier otro gestor autorizado y presentar una oferta económica mejor (más económica para los ayuntamientos) que le procurase una mayor puntuación. El precio regulará la concesión de hasta 40 puntos. Y se puntuarán todo tipo de mejoras en el sistema de tratamiento con el propósito de fomentar la reutilización, el reciclaje y la reducción del vertido de resto final. 

La presidenta del consorcio y, a su vez, alcaldesa de Xixona, Isabel López (PSPV), confirmó -a preguntas de Alicante Plaza- que uno de los objetivos prioritarios de la licitación era, precisamente, mejorar los resultados que se están obteniendo en la actualidad en la planta de Cespa sea quien sea el ganador del concurso. Además, destacó que la convocatoria del concurso se aprobó con el respaldo unánime de los ayuntamientos consorciados, tras más de una década de enfrentamiento político.