Una sentencia 'tumba' el intento del Consorcio de Bomberos de Alicante de abrir un segundo plazo de admisión a las oposiciones

COMUNITAT VALENCIANA

El fallo declara la plena vigencia de los decretos 2025/1013, 2025/1014 y 2025/1016, de 29 de julio de 2025, mediante los cuales se aprobaron las listas provisionales de admitidos y excluidos en las promociones internas de Suboficial, Sargento y Cabo.

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ALICANTE.- El Tribunal de Instancia de Alicante ha estimado íntegramente la demanda contencioso-administrativa presentada por seis recurrentes contra una actuación del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante, gestionado por el Partido Popular, en relación con los procesos de promoción interna a las categorías de Suboficial, Sargento y Cabo. La sentencia, fechada el 6 de julio de 2026, ordena que los procesos selectivos continúen conforme a las bases originales, sin un segundo plazo para nuevas inscripciones de aspirantes, como pretendía el Consorcio.

De esta manera, el fallo declara la plena vigencia de los decretos 2025/1013, 2025/1014 y 2025/1016, de 29 de julio de 2025, mediante los cuales se aprobaron las listas provisionales de admitidos y excluidos en las promociones internas de Suboficial, Sargento y Cabo.

Asimismo, ordena continuar los procesos selectivos conforme a las bases inicialmente aprobadas y publicadas, sin admitir a aspirantes que no reunieran los requisitos legalmente establecidos en el momento de apertura del plazo de presentación de solicitudes. De esta manera, la resolución judicial restablece las condiciones originales de participación y deja sin efecto la actuación administrativa que había sido objeto de impugnación.

Uno de los aspectos más significativos de la sentencia es que el juzgado rechaza la causa de inadmisibilidad alegada por el Consorcio y estima íntegramente las pretensiones de los seis demandantes. Además de anular la actuación administrativa cuestionada y las actuaciones que traen causa de ella, el tribunal reconoce los derechos individuales de los recurrentes y condena en costas a la Administración.

Lo que establece el fallo, en resumen, es que los procesos deben desarrollarse respetando las condiciones legales de participación vigentes cuando se convocaron, sin incorporar aspirantes que no cumplían entonces los requisitos exigidos. 

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