Los presupuestos de la Generalitat para 2023 contemplan una subida salarial del 4% para los miembros del Consell (consellers y altos cargos, una pequeña/gran tropa): la medida viene respaldada por previsiones de un Real Decreto de 2022 y por las previsiones que se marcan en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. De este modo el presidente del Consell Ximo Puig pasará a cobrar de 75.000 euros a 78.000, cosa que no le saca ni de pobre ni de rico. Resulta extremadamente fácil hacer demagogia con los sueldos de los políticos y llevarse las manos a la cabeza, como han hecho PP y Cs en Les Corts. También Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante y candidato del PP a la Generalitat, ha salido corriendo, y está en todo su derecho, a recordar que en la institución provincial los diputados llevan cuatro con el sueldo congelado.
Lo que no dice Mazón es que los presidentes de la Diputación de la Comunidad Valenciana, a excepción del de Castellón, cobran más que Puig, y bastante más que un conseller: él en concreto está en los 85.000 euros, frente a los 82.000 del socialista Toni Gaspar (València) y los 70.000 del también socialista Josep Martí (Castellón) lo cual no me parece ni bien ni mal, sino todo lo contrario. La política debe estar bien remunerada para poder captar a los mejores, no a los mediocres, los muy mediocres, o los que no tienen donde caerse muertos. Por eso no voy a caer en el juego facilón de la demagogia. Se supone (tal vez sea mucho suponer), que con sueldos más o menos elevados, juzgue el lector, los políticos son más difíciles de corromper. Esta es la teoría: en la práctica nos ha salido el tiro por la culata. Necesitaría 30 artículos más para enumerar los casos de corrupción que han asolado España, y la Comunitat de forma muy especial, en las últimas décadas.
Ya no me parece tan bien que buena parte de diputados provinciales, de todos los colores, se forren, literalmente, con sus sueldos de la Diputación sumando las dietas que cobran de sus ayuntamientos por asistencias a plenos, comisiones y trabajos varios. O al revés. Hay diputados provinciales que no cobran la dedicación exclusiva de la Diputación pero perciben dietas que suelen rondar entre los 2.000 euros mensuales, pueden llegar a 3.000, a los que hay que sumar el sueldo de la exclusiva del ayuntamiento al que pertenecen. Pongamos un ejemplo: Miguel Millana (PSOE) ha habido meses que se ha levantado 3.000 euros de dietas en la “Dipu” a los que hay sumar los 2.800 euros que cobra del Ayuntamiento de Alicante. Sumemos; casi 6.000 euros mensuales. Parecido caso al de Bernabé Cano (PP), alcalde de La Nuncia, cuando Mazón le retiró la exclusiva por el “caso vacunas”, que quedó en agua de borrajas. O la ilicitana Patricia Macià (PSOE) que entre dietas diputacionales y sueldo municipal, donde ejerce de concejala de Hacienda, sale por más de 5.000 euros mensuales: cuando lo publicó el Información hace justo ahora un año saltaron chispas en las agrupaciones socialistas de Alicante y Elche; doy fe. Doña Macià, alineada muy oportunamente con Alejando Soler, don Millana, alineado consigo mismo y con la mayoría franquista de Ángel Franco, y don Cano, con el que haga falta, es un decir.
Me atrevo a pensar que en un país en el que el 28% de la población bordea o está plenamente inmersa en los umbrales de pobreza (datos del INE), las subidas salariales de los políticos pueden resultar frívolas y egoistonas . Puig podía haber tenido un gesto de contención que además le hubiera reportado bastantes puntos en su imagen personal y política. Los gestos cuentan mucho en el contexto del maremagnum de las cifras que se vomitan a propósito de los Presupuestos Generales. Lo que ya me cuesta entender una barbaridad es lo de las diputaciones (también ayuntamientos) donde más que diputados tenemos vizcondes. También marqueses que no pegan chapa. Y el diesel que no baja de los dos euros: ¡jo!
También me atrevo a pensar por cierto que Unidas/Podemos no romperá jamás con Pedro Sánchez a pesar de los profundos desencuentros que exhiben a los cuatro vientos sin el menor pudor, día sí y día también: cinco ministerios se traducen en decenas y decenas, y más decenas, de cargos públicos remunerados de maravilla, además de las cuotas de poder que todo ello comporta: lo que antes se denominaba como “erótica del poder”, expresión cada vez más en desuso.
CODA: Ni en España ni en la opinión pública y publicada hay conciencia alguna de que Alicante es la peor provincia en financiación del Estado, a diferencia de otros sentimientos de agravio que se vienen dando en los últimos tiempos, tipo “Teruel existe”. No pretendo ser agorero: solo una acción contundente de la Generalitat y de todos los diputados de la Comunitat en el Congreso (un minuto de silencio para abrir boca) sería medianamente eficaz. El resto son parches: como los anuncios de Puig de volcarse con Alicante desde los presupuestos de la Generalitat o de dedicar 207 millones de 300 del famoso Fondo de Transferencias Estatales a infraestructuras para la provincia alicantina. Todo suena a desvestir un santo para vestir a otro. Un alocado juego de quita y pon con las organizaciones empresariales ejerciendo de mendicantes, como los pobres que se ponen en las puertas de las iglesias (hipérbole).