El alcalde de Alicante, Luis Barcala, saluda a los ediles de su grupo, al término del pleno extraordinario sobre el régimen de organización y funcionamiento municipal.ALICANTE. El primer pleno con propuestas de resolución del mandato 2023-2027 celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Alicante dibujó un primer escenario de enfrentamiento entre los cinco grupos que conforman la corporación tras las elecciones municipales del 28 de mayo. Pero también entre los partidos que conforman los dos bloques políticos del espectro ideológico: el centro-derecha y el eje progresista. Es más, esa tensión se trasladó incluso al terreno orgánico en lo que respecta al principal partido de la oposición: el PSOE.
Por partes. La votación que deparó esa división a tres niveles fue la que permitió que se aplique una revisión en los emolumentos a percibir por los 29 concejales durante los próximos cuatro años. En concreto, en virtud de la propuesta planteada por el alcalde, Luis Barcala, el acuerdo conllevará que los 14 ediles del PP (incluido el primer edil) perciban un salario con un incremento del 14,4% respecto al acordado hace cuatro años, mientras que los concejales de la oposición pasarían a percibir un sueldo con un aumento del 9,2%.
El acuerdo prosperó con los 14 votos del PP y los 8 de los concejales del PSOE, mientras que los dos representantes de Compromís y el único edil de Esquerra Unida Podem optaron por la abstención. Por último, los cuatro regidores de Vox votaron en contra. Como ya ha informado este diario, ese resultado supone la escenificación del primer distanciamiento entre PP y Vox en el mandato recién estrenado, después de cuatro años de sintonía en la mayor parte de las decisiones políticas debatidas en pleno que llega, además, después de que los dos partidos hayan formado una alianza para gobernar juntos la Generalitat.
Lo cierto es que, pese a ese teórico acercamiento, en las intervenciones de las portavoces de ambos grupos (Mari Carmen de España por el PP y Carmen Robledillo por Vox) hubo distintos reproches y acusaciones difíciles de encajar entre supuestos aliados o formaciones afines que podrían quedar abocadas a entenderse con cierta recurrencia a lo largo de los próximos cuatro años.
Con todo, no es menos cierto que, pese al rechazo manifestado por Vox (que justificó su posición contraria a la subida salarial al argumentar que no encaja en el contexto actual de dificultades económicas generadas por la crisis inflacionista), la nueva propuesta retributiva conlleva cierto premio a sus representantes en la medida en que se les asigna dos dedicaciones exclusivas y dos dedicaciones parciales, con la particularidad de que uno de esos dos sueldos al 75% respecto a la retribución completa se verá suplementado con unos 16.000 euros adicionales previstos para los portavoces que perciban una dedicación parcial.
Es decir, que Vox contará con dos dedicaciones exclusivas que el grupo ya ha atribuido a Mario Ortolá y a Juan Utrera; un tercer sueldo parcial suplementado con esa especie de bonus para su portavoz municipal, la misma Robledillo, y una cuarta dedicación parcial rasa para su cuarto concejal, Óscar Castillo. Además, ambos (Robledillo y Castillo) prevén acogerse a la posibilidad de solicitar la compatibilidad para el desempeño de sus respectivas actividades profesionales.
En todo caso, a esas fricciones entre PP y Vox se suma también el estallido de las primeras discrepancias entre las filas que conforman el eje progresista. El resultado de la votación vendría a confirmar que PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem abordaron una negociación particular con el PP sin concertar una estrategia compartida, pese a tener constancia previa de que Vox iba a posicionarse en contra de la propuesta planteada por el PP. Y esa circunstancia por la que se habría primado el interés partidista de cada formación ha generado ya un precedente que puede dificultar otros posibles entendimientos en el futuro, según pudo constatar este diario.
Máxime cuando puede haberse planteado una negociación paralela relacionada con la asignación de retribuciones para la contratación de asesores como cargos de confianza y del resto de recursos necesarios para ejercer funciones de oposición. En principio, fuentes consultadas por este diario indicaron que el alcalde sería partidario de mantener la misma proporcionalidad que se aplicó durante el pasado mandato. Así, apostaría por asignar dos sueldos completos al PSOE para la contratación de personal eventual (que podrían repartirse entre más de dos personas con sueldos parciales); entre un sueldo o uno completo y otro al 50% para Vox; uno para Compromís, y entre uno completo o uno al 50% para Esquerra Unida Podem. El PP, por su parte, se reservaría el resto de plazas a repartir hasta completar un máximo total de 29 sueldos sin que haya trascendido todavía si se pretende agotar esa cifra.
En cualquier caso, todo parece indicar que esa distribución -que no debe pasar por el trámite de votación en pleno, sino que compete únicamente a la Junta de Gobierno-, volverá a ser objeto de controversia entre los cinco grupos políticos. Y también entre las filas del PSOE, en el que ya no se esconde la fractura existente entre la ejecutiva local, alineada en torno a Miguel Millana como secretario general y al sector afín al exdirigente Ángel Franco, y el grupo municipal que comanda Ana Barceló. Este viernes ya se evidenció esa división con el reproche que Millana dirigió respecto al incremento retributivo de los concejales que quedó aprobado con los votos de los concejales del PSOE.
De este modo, se da por hecho que ese enfrentamiento interno volverá a plantearse respecto a la contratación de los asesores que se les asigne, toda vez que la ejecutiva local ya aprobó una resolución en la que abogaba por la continuidad de las personas que ejercieron como cargos de confianza durante el pasado mandato. Se trataría de una cuestión no acordada con el grupo municipal, que es realmente el que dispone de capacidad para proponer las personas a contratar. Como también es el que tiene la potestad de decidir el reparto de dedicaciones entre sus ocho concejales. De hecho, ya se ha perfilado que los cuatro representantes que percibirán una retribución en régimen de dedicación exclusiva serán Ana Barceló, Emilio Ruiz, Silvia Castell y Trini Amorós (la portavoz adjunta). Está por ver cuál sería el destino de la dedicación parcial que correspondería a Raúl Ruiz en el momento en el que tome posesión como diputado provincial y se decida si percibe retribuciones de esa institución. Por lo pronto, también tendrán un sueldo parcial los ediles Miguel Castelló, Victoria Melgosa y Eduardo Rodríguez.
