VALÈNCIA (EP). El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha solicitado al Ministerio de Educación una prórroga para "paralizar" la implantación de la nueva ley de FP el curso 2024-2025 y ha advertido que el "retraso" en la elaboración de esta normativa provocará "una sobrecarga de trabajo" de los equipos directivos y del profesorado para la preparación del próximo curso.
Así lo ha manifestado la organización sindical durante la mesa sectorial celebrada este jueves, en la que se ha tratado la orden que regula la implantación de la nueva ley de FP en la Comunitat Valenciana. Al respecto, STEPV ha echado en falta "más reuniones" para abordar los cambios "tan profundos" que esta nueva norma incorpora para trabajar con "más tiempo" las novedades que introduce la misma.
En este sentido, el sindicato ha considerado que no se ha abordado "como es debido" la "situación real" del tejido productivo valenciano y las "características particulares" de cada familia profesional.
Por otro lado, ha advertido de que, al no rehacerse los currículums, "no solo se mantienen los contenidos ya obsoletos en todas las familias profesionales", sino que "la introducción de nuevos módulos implica la reducción de horas de los ya existentes".
Además, ha avisado de que también continúa "la incógnita" de la forma de realización de horarios en las desideratas, puesto que "ni se ha incluido la FP básica ni el semipresencial, ni tampoco la atribución docente resultante de aplicación en los nuevos módulos".
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Respecto a las novedades de la ley, STEPV ha resaltado la modificación de la formación en empresas, que pasa de 400 horas de FCT a 500, de las que 100 se realizarán en primer curso. Para el sindicato, esta situación plantea "serias dudas pedagógicas", puesto que en esta etapa los estudiantes "todavía se encuentran en un proceso de adaptación al entorno educativo y de desarrollo de las competencias básicas necesarias para afrontar las exigencias" de la formación en empresas.
Por ello, ha avisado de una "posible sobrecarga de trabajo", dado que, según argumenta, que el inicio de las prácticas "empezará en segunda evaluación y se compatibilizará con la docencia".
Por otro lado, ha valorado que se introducen nuevos módulos, algunos con una cantidad de horas "significativas", aunque ha incidido en que se hace "sin especificar la atribución docente", por lo que "no se resuelve la incógnita" de quién impartirá los mismos, dado que esta cuestión "se negocia precisamente esta misma mañana" en el Ministerio de Educación.
En cualquier caso, STEPV ha considerado "obvio" que el departamento de Inglés y el alumnado son "los más perjudicados" con esta reforma, al "retirar las horas de este módulo de los segundos cursos de todos los ciclos". Al respecto, la Conselleria se ha comprometido a "buscar soluciones" ante esta "problemática".
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En cuanto al resto de familias profesionales, STEPV ha avisado de "posibles recortes" de plantilla por la disminución de horas en los diferentes módulos. Ante esta situación, el departamento de Campanar ha garantizado que "ningún docente se verá afectado" porque se mantendrán "todos los horarios y toda la plantilla docente", dado que "también se tienen que hacer muchas tareas de seguimiento del alumnado mientras esté formándose a las empresas".
Asimismo, STEPV ha planteado la realización de mesas técnicas o grupos de trabajo, donde se estudien modificaciones para alargar los ciclos, "como ya se hace en otras" comunidades autónomas.
Concurso de traslados
Por otro lado, en el turno de palabras, STEPV ha planteado que esperaban la asistencia de la Dirección General de Personal para "explicar" si el concurso de traslados autonómico de Secundaria, FP, EOI y enseñanzas artísticas "finalmente se resolvería este curso o no", y ha propuesto al resto de sindicatos reunirse de urgencia con la directora general, como finalmente ha sido.
En este encuentro, desde la Conselleria han informado, según STEPV, de que estudian "una última posibilidad" para llevar a cabo el concurso autonómico, pero que "todavía no" disponen de la "seguridad jurídica total" para sacar adelante el concurso.
Así, en el momento en que tengan una respuesta convocarán la mesa sectorial para explicar si finalmente se ejecuta o no. En cualquier caso, desde Campanar se han comprometido a hacer llegar a los sindicatos un informe con "todas las gestiones y vías" que han explorado.
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