VALÈNCIA. Algunos sindicatos estudian más acciones legales por al falta de protección en la primera ola de la pandemia de la covid. Así lo apuntan fuentes de los mismos, quienes oscilan entre dirimir si realizar nuevas acciones ante la sentencia de un juez de Alicante que obliga a indemnizar a facultativos que da la razón al sindicato CESM.
Aunque la Conselleria de Sanidad todavía puede recurrir esta decisión que permite, según el grado de desprotección, solicitar una compensación que oscila entre los 5.000 y los 49.000 euros, la cuestión ha empezado a remover de nuevo la posibilidad de iniciar trámites. El coste de la sentencia le puede suponer más de 26 millones de euros, en función de cada caso, y si una instancia superior no corrige el fallo.
Según señalan desde la sindicatos como CCOO, actualmente está estudiando la cuestión con los servicios jurídicos. Mientras, el Satse, centrado en el colectivo enfermero, señala que en su caso presentaron recursos ante Salud Laboral para agilizar la cuestión. En este sentido, destacan que fue la razón recayó a su favor en la cuestión de la protección pero no descartan la realización de más acciones.
Por su parte del CESM está a la espera de los recursos presentados en Elche, Benidorm, València y Castelló. Los mil médicos del CESM figuran como codemandantes de las cinco denuncias y por tanto, pueden ser indemnizados por Sanidad por haberlos dejados desprotegidos en la primera ola de la covid, en marzo, abril y mayo de 2020, según refleja la sentencia. Mientras, el CSIF apunta a recursos que todavía están en la primera parte de la vía administrativa.
El fallo del CESM viene motivado por una sentencia anterior del TSJ de la Comunitat Valenciana, que ya anuló en mayo de 2021 un primer fallo del juzgado de lo social de Alicante, pero que lo retrotrayó al inicio del litigio y a la jurisdicción social -(el cauce procesal correcto no era el del conflicto colectivo, sino el del procedimiento ordinario sobre demanda plural de prevención de riesgos laborales con indemnización de daños y perjuicios relativa al sindicato y los trabajadores demandantes) a la espera de que se fijaran las cantidades a indemnizar de manera individualizada.
El fallo reconoce que "durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, el personal sanitario de los centros médicos de Alicante, entre los que se encontraban los trabajadores demandantes, solo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios en los respectivos centros sanitarios de Alicante, incluida la atención de pacientes infectados por coronavirus, ya que las mascarillas de que se disponían estaban guardadas bajo llave por los responsables del respectivo centro".
Asimismo, añade la sentencia, que esos sanitarios "se vieron en la necesidad de reutilizar batas desechables, las cuales, se enviaban a esterilización para su reutilización en la prestación de sus servicios, incluida la atención de pacientes infectados por coronavirus. No se les facilitó gorros sanitarios, ya que se estimó que no eran necesarios, al igual que las pantallas. A partir del mes de junio de 2020 fue cuando empezaron a tener mayor abastecimiento".
