BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm vuelve a recibir un rapapolvo por la gestión que hacen para dar respuestas a sus vecinos. En la última semana, el Consistorio ha recibido hasta tres escritos recomendado más participación ciudadana, uno del Defensor del Pueblo y dos del Síndic de Greuges. La oposición lamenta una nueva reprimenda por estos motivos, el gobierno local lo achaca a decisiones puntuales y cuestiones burocráticas.
Comenzando por el Defensor del Pueblo, la queja hace mención a la "falta de respuesta" a las solicitudes formuladas sobre el orden de llamamientos de un proceso selectivo. Una bolsa de trabajo para ocupar temporalmente cuatro plazas de administrativo, convocada el 27 de noviembre de 2019 a través del Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP).
La resolución del Defensor del Pueblo señala que el Ayuntamiento no respondió a la interesada hasta el pasado 10 de mayo de 2022 "habiendo elaborado dicha respuesta tras la intervención de esta institución", dice el escrito, que habla de "ausencia de actividad administrativa". La solicitud de información por parte de la aspirante se hizo en marzo de 2020. Al mismo tiempo, la resolución firmada por Ángel Gabilondo, afea que el Ayuntamiento no haya justificado "en modo alguno los motivos de tal demora".
De esta forma, recuerdan al Consistorio los deberes legales de responder en tiempo y forma a las solicitudes. "No queda a su arbitrio", dice, y señala que deben servir a los intereses de los ciudadanos y no deben repercutir "las deficiencias de la actuación administrativa sobre los mismos, lesionando sus legítimos derechos, pues incumbe a las administraciones públicas regirse en sus actuaciones por los criterios de eficacia y servicio a los ciudadanos".
En cuanto a las resoluciones del Síndic, una hace referencia a la petición de un vecino para que le entregaran el expediente administrativo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza Municipal de Movilidad. La solicitud se registró por primera vez el 13 de junio de este año, y se reitiró el 1 de septiembre, sin respuesta en ambas. El Síndic afirma que hay que respetar los plazos para contestar a los ciudadanos ya que la información puede perder interés o utilidad en caso contrario. Y si no entra dentro de los límites legales la remisión de la documentación, tienen que notificarlo al demandante en el plazo de un mes. La entidad afirma además que el Ayuntamiento tampoco les ha respondido a ellos.
De izquierda a derehca, Escoda y Caselles. Fotos: PEPE OLIVARES Y RAFA MOLINA.La segunda atañe a la participación en pleno de un miembro de CCOO-PV, que presentó alegaciones al Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) y al Plan de Adaptación ante el Cambio Climático (PAAC). Dice no haber recibido hasta el momento respuesta a las mismas, y añade que solicitó intervenir en el pleno pero se le rechazó la posibilidad y sin opción a recurso. Por ello, recomiendan al Consistorio que le dejen participar en el próximo pleno. Una medida que adoptarán, según dijo a este diario la portavoz del gobierno, Lourdes Caselles. En este sentido, indicó que se tomó esta decisión debido a que las preguntas que quería formular eran las alegaciones presentadas, y ya estaban siendo rechazadas en el punto del pleno en el que se iban a tratar estos asuntos.
La edil del PP defendió que se ha obrado sin maldad y que en las otras ocasiones manifestadas, o ha jugado una mala pasada la burocracia que hay para entregar documentación, o la petición de consentimiento a terceros por la información que se va a transmitir retrasaron los plazos.
La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha lamentado este nuevo "tirón de orejas" del Sindic y del Defensor del Pueblo al Ayuntamiento "por no respetar el derecho de acceso a la información pública y el de participación en asuntos públicos que tienen todos los ciudadanos". Escoda ha criticado que estas dos instituciones encargadas de proteger y defender los derechos y libertades de los ciudadanos "nos vuelvan a sacar los colores por la falta de transparencia y participación", y que tengan que recordar a la administración local su deber legal de responder en tiempo y forma y motivadamente a las solicitudes de los vecinos y vecinas.
