En agosto cuando la mayoría de las valencianas/os estábamos de vacaciones, mes inhábil para la justicia y cuando la administración se encuentra medio paralizada, la Conselleria de Educación ha publicado el Plan de Normalización lingúistica con una serie de medidas para el uso normal del valenciano en los centros educativos. El plan establece tres ámbitos de intervención, el administrativo, el de gestión y planificación pedagógica y un tercero mucho más delicado que es el ámbito social y de interrelación con el entorno, que abarca las actividades extraescolares, el modo en que los centros se comunican con la familias, la página web, las relaciones con los medios de comunicación o relaciones con instituciones públicas y privadas. Esto viene a significar medidas de control que va más allá de la enseñanza del valenciano. Los centros educativos deben evaluar el Plan y proponer mejoras necesarias para alcanzar los objetivos perseguidos; el uso "normal" (obligatorio) del valenciano.
En mi caso particular me alcanzó esa franja de edad donde el valenciano no se estudiaba en el colegio, ni tampoco se usaba en mi entorno social. Lo aprendí con esfuerzo igual que el inglés o el italiano, pero no pienso en valenciano, es una lengua adquirida, no es mi forma natural de comunicarme aunque me encanta escucharlo. Mis hijos ya han sufrido el "machaque" de la política lingüística de los últimos años y casi lo están aborreciendo. Me apena que deban gastar tanto esfuerzo en una lengua que no pueden usar en la vecina Comunidad de Murcia y que no les sirve para comunicarse en un mundo global.
Comparto que se fomente porque la lengua es una expresión viva de nuestra cultura y de nuestra tierra pero no siempre la letra con sangre entra y determinadas prácticas impositivas pueden conseguir el efecto contrario al deseado, el rechazo y la frustración en su eficacia. Las medidas de acción positiva son válidas para conseguir un cierto equilibrio en el uso entre el castellano y el valenciano pero cuando son aplicadas de forma desproporcionada se traducen en imposición. La lengua es un instrumento de comunicación que no se fomenta a base de fuerza.
Según el último Barómetro encargado por la Generalitat Valenciana y publicado en 2018 sobre uso del valenciano tenemos los siguientes datos:
Habla el valenciano el 28,6 % de los valencianos.
Habla el castellano siempre o casi siempre el 25,5 %.
No lo habla pero lo entiende el 33,2 %.
Sólo habla el castellano el 12,5%.
Por tanto un 71,2 % de los valencianos/as nos comunicamos en castellano.
En cuanto al sentimiento de identidad un 62,7% se siente tan valenciano como español y sólo un 3,8% se sienten más valencianos que español.
La mayoría nos sentimos valencianos y nos comunicamos en castellano.
De ello se deduce que no somos menos valencianos por no hablar el valenciano.
La Conselleria de Educación se llevó algunos varapalos en la legislatura pasada sobre este tema y en abril de 2018 el Tribunal Superior de Justicia anuló varios artículos del Decreto del plurilingüismo. La Doctrina del Tribunal Constitucional respecto al bilingüismo se centra en el carácter vehicular de ambas lenguas, en que ninguna de las dos tiene carácter exclusivo ni excluyente y que el ejercicio de la potestad legislativa en materia lingüística tiene su límite en la necesaria preservación de la garantía del uso normal de las lenguas cooficiales y en la prohibición de medidas excluyentes, peyorativas o desproporcionadas que impliquen un desequilibrio para alguna de las lenguas oficiales.
Parece que ahora se vuelve a dar otra vuelta de tuerca y es intención del Botànic 2 continuar en la misma línea al pretender un control político del uso del valenciano en las relaciones personales y esto ya es propio de modelos totalitarios que los demócratas habíamos superado. Parece que algunos añoran otros tiempos y es curioso que estas medidas de control social vengan diseñadas y dirigidas por gobiernos progresistas.