ALICANTE. El plazo para reclamar contra la ampliación de capital del Banco Popular en mayo de 2016, que según abundante jurisprudencia se hizo ofreciendo a los inversores información errónea, está a punto de vencer. Dado que la operación a reclamar tuvo lugar hace cuatro años, el plazo para emprender acciones legales finalizaba el pasado mes de junio, pero con la suspensión de plazos como consecuencia del coronavirus, dicho plazo finalizará el próximo mes de agosto.
Así, los afectados por dicha ampliación de capital aún tienen unas semanas para presentar su reclamación, que en el caso de la provincia de Alicante viene respaldada por la sentencia de la Audiencia Provincial que, tal como adelantó en exclusiva este periódico en junio de 2019, convertía en firme la del juzgado de Primera Instancia 4 de Benidorm. Un fallo favorable a un conocido empresario de la ciudad de los rascacielos que recuperó los 300.000 euros que había invertido en dicha ampliación de capital una de sus empresas.
Con el posicionamiento de la Audiencia de Alicante, que dio la razón a los accionistas en la primera ocasión en que se pronunciaba sobre el asunto, sentando así jurisprudencia, se calcula que hay entre 1.000 y 2.000 afectados de la provincia de Alicante que podrían reclamar aún para recuperar el dinero invertido en la ampliación de capital del Banco Popular de 2017. Así lo estima el despacho especializado en reclamaciones bancarias Letradox, que representa a un centenar de afectados del Popular y que acaba de abrir sede en Alicante.
Mercedes de Parada, socia de Letradox, destaca que "la mayoría de accionistas aún no han reclamado, dado que esperaban la jurisprudencia firme al respecto en las distintas Audiencias Provinciales de España; y ahora que la misma ya existe y es favorable a los clientes, es el momento de demandar para recuperar la inversión perdida". En este sentido, la abogada insiste en que "la jurisprudencia de toda España se consolida en esta línea pro accionistas y hace que la vía judicial se pueda asumir con garantías. El tiempo para hacerlo, a pesar de que los plazos se suspendieron durante el Estado de alarma, se está terminando, por lo que recomendamos hacerlo lo antes posible".
Los afectados que pueden reclamar son tanto particulares como empresas, dado que muchos empresarios (como el citado de Benidorm) realizaron la inversión en la ampliación del Popular a través de alguna de sus sociedades. En cuanto a los importes recuperables, la abogada explica que van desde unos pocos miles de euros, como sucede en el caso de algunos afectados pensionistas, hasta "millones de euros", como ha sucedido en el caso de una empresa aragonesa representada por su despacho que ha recuperado 3 millones.
En el caso concreto de la sentencia con la que la Audiencia Provincial de Alicante sentaba jurisprudencia a favor de los accionistas, el fallo consideraba que el empresario de Benidorm adquirió las acciones con información errónea. A pesar de que el perjudicado era una persona con conocimientos financieros, el tribunal consideró que tenía derecho a recuperar la inversión. El fallo consideró "difícil sostener que la compra de acciones fuera decidida por el demandante en su propio interés, dada la situación real del banco". "La actora compró las acciones confiando en la solvencia de dicho banco, informándose por los empleados del folleto informativo". Por este motivo, el juez ratificado por la Audiencia falló que había "vicio de nulidad en el consentimiento".