El todavía jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza. Foto EFE/MorellSANTA POLA. El Ayuntamiento de Santa Pola ultima varias medidas tras la operación contra los mandos de la Policía Local, que la semana pasada se saldó con el arresto del jefe del cuerpo, José Miguel Zaragoza, hermano del ex alcalde del PP Miguel Zaragosa, hoy diputado responsable de Servicios Sociales; el ex concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Pérez Huertas, y otros tres agentes, entre ellos, el coordinador de Protección Civil, Pascual Linares, y el inspector Roque Alemañ. Todos ellos, más cuatro empresarios, están acusados por supuesta prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos por la contratación de uniformes y el cobro sin control de horas extraordinarias.
Así, el ayuntamiento prepara un expediente informativo al jefe de la Policía Local, al tiempo que este jueves mismo contratará los servicios de un despacho de abogados, especializado en derecho penal, para personarse en el caso, una vez ya se ha levantado el secretario de sumario. Según ha podido saber Alicante Plaza, también se han personado los acusados y, a su vez, han iniciado una especie de desbandada de sus puestos: Zaragoza se ha cogido un permiso de vacaciones y Linares no se ha reincorporado a su puesto de trabajo alegando razones médicas.
En la misma junta de gobierno de este jueves, el ayuntamiento también debe decidir si se persona en el caso del accidente laboral del colegio de la Hispanidad, ocurrido en11 de enero de 2013, resultaron heridos leves nueve alumnos de entre nueve y diez años de edad y una profesora, y obligó al realojo de todos los escolares en otro centro.
Esa investigación está dirigida por el juzgado de Instrucción 3 de Elche, cuya titular atribuye indiciariamente a la exconcejal de Urbanismo y ex primera teniente de alcalde y a las técnicas delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y lesiones por imprudencia grave.
Y por último, hay otros casos judiciales relacionados con la gestión del anterior gobierno del PP, como la clínica de Gran Alacant y del embarcadero de Lucía, en los que también se está personado o se va a personar. En el primer caso, se trata de un concesión de un edificio municipal dedicado al servicio sanitario que el anterior equipo de gobierno del PP dio a una empresa médica a cambio de un canon de 10.000 euros, que la mercantil, a día de hoy, tampoco ha satisfecho. En el segundo, se trata de la concesión de un restaurante-bar en la playa del Carabassí, que el ayuntamiento dio permiso y que los vecinos denunciaron al ex alcalde y varios técnicos por supuesto delito medioambiental por el excesivo ruido del local. Los vecinos ganaron las dos primeras instancias, deben ser indemnizados, y ahora se dilucida si hay responsabilidades penales de las autoridades y funcionarios que autorizaron el establecimiento.
