VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad revertirá la farmacia sociosanitaria de residencias públicas el 1 de julio. Así lo recogía este domingo el documento de objetivos que el Consell presentaba en el Seminari d'Hivern, celebrado en Altea, y donde se especificaba finalmente la fecha en la que se subrogará al personal del servicio, actualmente externalizado.
La decisión de Sanidad de optar por una Empresa Pública de Salud para albergar al personal de resonancias ponía en la carpeta de trabajo del departamento de Ana Barceló un servicio cuyo concurso finalizó en 2014. Sin embargo, la decisión de descartar el sistema de reversión a través de una sociedad la dejó paralizada, mientras se acometía la de imagen médica en el mes de diciembre.
Como ya apuntó Valencia Plaza, Sanidad esperaba ejecutar la vuelta a la gestión pública del servicio en el primer semestre del año. Esto supondrá la incorporación a la administración de 55 trabajadores, la mayoría farmacéuticos y técnicos de farmacia; y que, según explican desde Sanidad, se incorporarán a los departamentos de salud que les correspondan.
A día de hoy, este servicio se presta en los centros sociosanitarios de 'Borriana' en Borriana (Castelló), 'El Pinar’ (Castelló), 'La Cañada’ en Paterna (València) y ‘La Florida’ (Alacant). La vuelta de éstos al sistema público permitirá uniformizar el modelo de prestación farmacéutica en los centros públicos y la mejor coordinación asistencial con el sistema sanitario, según señala Sanidad.
Hace unos días, el departamento de Barceló abría consulta pública para recibir aportaciones al "Proyecto de Decreto del Consell, por el que se regulan los efectos de la gestión de los servicios farmacéuticos de centros sociosanitarios de titularidad pública por parte de la Conselleria de Sanidad" y que será la norma donde se enmarque la reversión.
El servicio -que actualmente presta Domus VI tras absorber a a SAR Quavitae, ganadora del concurso- se ocupa de la elaboración, preparación y sistema de distribución de las dosis unitarias de medicamentos y material sanitario en las residencias. Aunque inicialmente parecía claro que la fórmula utilizada para realizar la vuelta a la gestión pública del servicio sería el personal a extinguir, el Tribunal Supremo unificaba hace unos días doctrina para acotarlo en 'fijo'.
