VALÈNCIA. La decisión de la Conselleria de Sanidad de desechar finalmente la Empresa Pública de Salud para albergar al personal de resonancias y de la farmacia sociosanitaria de las residencias públicas dejaba a este último sin una ruta clara para revertir un servicio cuyo concurso finalizó en 2014. Aunque desde el departamento de Ana Barceló si pusieron fecha a la vuelta a lo público del servicio de imagen médica -el 15 de diciembre- no lo hicieron con el segundo, cuya licitación lleva mucho más tiempo caducada.
Una cuestión que afecta 55 trabajadores, la mayoría farmacéuticos y técnicos de farmacia; y que, según explican desde Sanidad, se abordará al finalizar el de resonancias. Una cuestión que se ejecutará en el primer semestre de 2022 y que supondrá la asunción por parte de la administración valenciana de la plantilla de las empresas como personal a extinguir.
Según la memoria económica del proyecto de decreto que constituía la EPS, esta reversión habría supuesto un ahorro de 6,2 millones de euros en 2021. Un contrato que a día de hoy se paga por "resarcimiento por enriquecimiento injusto". Este contrato de farmacia sociosanitaria afecta, a día de hoy, a 4.755 residentes.
Bajo la licitación "Elaboración, preparación y sistema de distribución de dosis unitarias de medicamentos y material sanitario en los servicios de farmacia sociosanitarios ubicados en residencias de personas mayores", el contrato, activo entre 2010 y 2014, incluye los gastos de personal, el Transporte de los medicamentos a las residencias, los desplazamientos de los farmacéuticos a las residencias o el mantenimiento de las envasadoras, entre otras cuestiones. Con la gestión esperaban ahorrar 719 euros por plaza a la hora de expedir las unidosis con la que deben medicarse los mismos.
A día de hoy este servicio lo presta Domus Vi, que absorbió a SAR Quavitae, ganadora del concurso. Concretamente, el servicio abarca las residencias Burriana y El Pinar, en Castellón, La Cañada, en Paterna, y La Florida, en Alicante.