BENIDORM. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha abierto un procedimiento sancionador contra cuatro ayuntamientos de la comarca de la Marina Baixa por supuestos vertidos ilegales en el río Amadorio. Uno de ellos es el Consistorio de Benidorm, que ha alegado contra esta decisión señalando entre otros asuntos que no se les permitió participar en la toma de muestras.
Según el informe al que ha tenido acceso Alicante Plaza, se trata de un vertido "puntual" detectado el pasado 27 de agosto de 2020. Este carecería de autorización y procedería de la red de saneamiento de varias poblaciones de la comarca, entre ellas, Benidorm.
Como se decía, una de las alegaciones del Consistorio se basa en que no había ningún representante del ayuntamiento presente en la toma de muestras además de no constarles que se les haya entregado una copia del acta de la toma de muestras "lo que constituye un vicio formal del procedimiento". Así, consideran que se les tendría que haber trasladado la fecha para las pruebas por ser "titular de una parte del vertido", señala el informe de alegaciones del Consistorio, firmado el pasado 8 de septiembre.
Además de esto, el Ayuntamiento menciona que no justifican el cálculo para determinar el montante de la sanción para Benidorm: 6.639,70 euros, de los 22.132,33 euros para todos las entidades incriminadas. Ello en concepto de daños al dominio público hidráulico.
Los técnicos municipales consideran que la CHJ no han tenido en cuenta el conjunto de circunstancias sobre la participación de Benidorm en el vertido "toda vez que este Ayuntamiento ni gestiona la EDAR ni participa en la Comunidad de Vertidos". Además, creen que tampoco ha valorado en "su justa medida los perjuicios causados, en este caso, en el medio receptor, tratándose de aguas regeneradas con tratamiento terciario". Sabiendo esto último, creen que es "racional y razonable" pensar que el impacto producido ha sido "muy limitado y menor".
De igual forma, afirman que "no aparecen en el acuerdo datos concretos que permitan evaluar cuál ha sido la afección que el vertido ha tenido en el río Amadorio. No se determina qué componentes del vertido realizado pueden afectar a la calidad del agua circulante o a la biodiversidad del cauce".
Para el Ayuntamiento, esta causa no les es "en absoluto imputable". Además, creen que si hubieran tenido constancia de los requerimientos para actualizar los puntos de vertido, "habría permitido alguna actuación por su parte para evitar los
rebosamientos de la balsa: entre otras posibilidades, explorar las opciones de derivar la totalidad de sus caudales de agua residual a la EDAR de Benidorm".