Ruido de sables en el PSPV de Alicante: la pugna por los asesores y la 'bendición' a Toni Francés 

ALICANTE. Hay ruido de sables en el seno del grupo socialista de la futura Diputación de Alicante: el sanchismo está exigiendo al actual secretario general del PSPV provincial, José Chulvi, para que convoque a la ejecutiva y se eleve oficialmente la propuesta de Toni Francés como portavoz del grupo, así como la designación del portavoz adjunto. También está encima de la mesa cómo se van a distribuir los puestos de asesores del grupo y, más adelante, los sueldos de dedicación exclusiva.

En los últimos horas se han producido encuentros y conversaciones entre los diferentes líderes de cada facción: Alejandro Soler, con José Chulvi; Chulvi y Francés, con Toñi Serna y Ángel Franco. En un principio, no hay dudas entorno a la elección de Francés  como portavoz del grupo: el propio Franco, que en principio quería situar a Miguel Millana, ha aceptado la propuesta. Pero si el nombramiento no se oficializa en tiempo y forma y no se llega a un principio de acuerdo con la distribución de asesores, los sanchistas pueden mover ficha. ¿Qué significa eso? Pues pueden hacer valer su mayoría tanto en la ejecutiva como posiblemente en el grupo socialista y nombrar un portavoz alternativo, o provocar la intervención de Ferraz.

Hasta el pasado mandato, la dirección del PSPV mantenía el control sobre el grupo: es decir, los ximistas colocaron a José Chulvi y Carolina Gracia como portavoces y nombraron a sus asesores. Los cuatro que tenía el PSPV eran cargos afines a Agustín Navarro o Toñi Serna. Lo normal es que al tener tres diputados más, el PP gane en asesores y sueldos con dedicación exclusiva, aunque esa decisión dependerá de cómo ser la organización de la corporación provincial.

Ahora, el escenario ha cambiado: los sanchistas tienen más poder y quieren ejercer esa influencia. Y además esgrimen que la potestad de elegir y proponer a los diputados es de la ejecutiva provincial, y no del PSPV, que sólo puede ser consultado en estas cuestiones. Y lo que temen es que la ejecutiva autonómica tome sus decisiones de manera unilateral.