Río Segura: de lo inevitable a lo imprudente

Cada vez que la gota fría aparece por la provincia, los habitantes de la Vega Baja vuelven a poner su vista en el río Segura. Bien sabido es que los episodios de avenidas en esta cuenca son repentinos, y que, en muy poco tiempo, las ramblas y ríos pueden multiplicar su caudal hasta la catástrofe, como se pudo comprobar en las inundaciones de noviembre y diciembre de 2016. Las lluvias acaecidas, sin ser torrenciales, pusieron de nuevo en evidencia las carencias para abordar crecidas en la comarca, y el desbordamiento del río Segura en Orihuela es una muestra de ello. Las preguntas que nos hacemos siempre después de estos acontecimientos son las mismas: "¿va a volver a pasar otra vez lo mismo que en las inundaciones anteriores?", "¿se podía haber evitado?".

Dejando a un lado las deficiencias a nivel de infraestructuras hidráulicas y de mantenimiento del cauce, que no son pocas, la prevención debe ser prioritaria es este tipo de sucesos. Como siempre en situaciones de riesgo, la gestión de la información durante un episodio de inundaciones es fundamental para minimizar daños, tanto en la población como en las infraestructuras. De hecho, fue a raíz de las inundaciones de 1982 en el levante español y del desastre de Tous, con las pérdidas humanas y materiales que se produjeron, cuando se comenzaron a desarrollar Sistemas Automáticos de Información Hidrológica, que permiten recoger y analizar los datos de las precipitaciones, de tal forma que las Confederaciones Hidrográficas controlan los caudales y niveles del agua, permitiendo dotar a los municipios afectados de cierta capacidad de reacción antes situaciones de riesgo.
En el Segura se dispone de uno de estos sistemas de información, de modo que los habitantes de la Vega Baja deberían poder estar tranquilos: cualquier situación de riesgo se puede prever y ser comunicada a los municipios y a sus poblaciones. 

Sin embargo, el 19 de diciembre de 2016, en pleno temporal y con el río alcanzando los seis metros de altura a su paso por Orihuela, el sistema no estaba en funcionamiento, y los últimos datos recogidos en el mismo correspondían al 16 de octubre de ese mismo año. El motivo: el fin del contrato de la asistencia técnica encargada de gestionar el sistema, sin renovación por falta de presupuesto. Lo mismo ocurre con otros departamentos y servicios que debe dar la confederación: no están disponibles, en la web oficial de la Confederación Hidrográfica del Segura, los mapas de peligrosidad de la cuenca del Segura, que abarcan casi 1.300 kilómetros de cauces, ni funciona el visor de zonas inundables de la Confederación Hidrográfica del Segura, siendo necesario recurrir a visores del sistema nacional de cartografía de zonas inundables para obtener esta información.

Y la indolencia continúa. Porque más allá de la falta de previsión en las emergencias, que permita disponer de equipos de salvamento o prever evacuaciones, entre otras cosas, existe información sobre las medidas que podrían evitar o minimizar los daños ante estas situaciones. Y es que tanto la Generalitat Valenciana como la Confederación Hidrográfica del Segura disponen de sus propios Planes de gestión del riesgo de inundación, que definen las zonas de riesgo de inundación y establecen las medidas que debe aplicar cada administración, con el fin de reducir las potenciales consecuencias adversas de la inundación para las personas, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras. Pero curiosamente, los datos y las medidas preventivas y correctoras que contemplan no coinciden entre ellos y no se están aplicando las medidas de protección y precaución que prevendrían gran parte de las situaciones trágicas a las que se enfrentan los habitantes de la vega del Segura.

Así que seamos sinceros y dejemos de preguntarnos con cada temporal por lo indefectible de la naturaleza y sus consecuencias. Claro que no podemos evitar que llueva, pero si no tomamos medidas y exigimos a cada administración que actúe en sus competencias, si no reclamamos la información y la protección a la que tenemos derecho para nuestras personas y nuestros bienes, al menos deberíamos ser conscientes de que sí, volverá a pasar lo mismo. Y sí, podría haberse evitado.

Andrés Rico Mora es representante Provincial del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.