El concejal de Cs, Juan Balastegui, en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINA.BENIDORM. El ambiente entre Cs y el PP de Benidorm poco recuerda al que había en la legislatura anterior, donde llegaban a acuerdos incluso para sacar adelante los presupuestos municipales: ahora, los populares tienen mayoría absoluta y no necesitan pactos externos. El último rifirrafe entre los dos partidos está en la ocupación ilegal de viviendas. Cs volvió a presentar una moción tratando de implantar medidas a nivel local para evitar este fenómeno contra la propiedad privada. La última vez fue en 2018, pero el resultado ha sido parecido.
El portavoz de Ciudadanos, Juan Balastegui, lamentó este miércoles que "por segunda vez el Gobierno popular de Toni Pérez ha rechazado impulsar, desde el Ayuntamiento de Benidorm, medidas contra la ocupación ilegal de viviendas en el municipio". Se refieren al último pleno de la corporación, cuando dejó sobre la mesa su propia propuesta después de que el PP presentara enmiendas para darle forma bajo su criterio.
Según explicó Balastegui, su propuesta perseguía elaborar un plan municipal contra la ocupación ilegal de viviendas y potenciar la coordinación y la cooperación institucional "para reforzar la eficacia" en la lucha contra este fenómeno, en particular entre la Policía Local, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Autonómica, así como con la Administración de Justicia, "para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas”, comentó el portavoz del Grupo Municipal de Cs.
Pero el PP presentó enmiendas al texto presentado por ellos, algo que rechazaron porque consideran que no tenía contenido municipalista, "solo apelaban al Gobierno de España a tomar medidas ante este problema social, evadiendo cualquier actuación municipal al respecto”. Este motivo fue, según añadió el concejal de Ciudadanos, "lo que motivó que nuestro grupo dejara sobre la mesa la moción, porque lo importante es llevar a cabo medidas contra la ocupación ilegal desde todos los frentes, incluido el Ayuntamiento”.
Por su parte, la portavoz del PP, Lourdes Caselles, defendió que en su enmienda “dejábamos claro el firme compromiso de este Ayuntamiento con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación de viviendas, dando apoyo además a la Proposición de Ley Orgánica impulsada a tal fin por el PP a nivel estatal”.
Precisamente un marco legal a nivel nacional es lo que opinan necesario para poder luego actuar a nivel local: “La lucha contra la ocupación de viviendas requiere de medidas legales efectivas sin las que, obviamente, las administraciones locales y los propietarios no tienen margen de maniobra ni respaldo jurídico para poder actuar frente a quienes usurpan y ocupan propiedades”, subrayó Caselles. A continuación, justifica la decisión del gobierno local: “Es por ello que para desarrollar cualquier medida municipal que realmente sea efectiva resulta indispensable contar previamente con herramientas legales contundentes; lo contrario, como propone Cs, es un brindis al sol: mucha voluntad y escasa o nula capacidad de acción”.
Finalmente, Caselles aludió a la "posición incontestable en contra de la ocupación ilegal" del PP a nivel nacional, y "el gobierno local podía haber optado por votar en contra de la propuesta de Cs y, aprovechando la mayoría absoluta, presentar nuestro texto". En cambio, dicen que abogan por el diálogo "y sumar voluntades", motivo por el cual enmendaron la propuesta de la formación naranja.
