MADRID (EFE). La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha lamentado que algunas empresas eléctricas no hayan reaccionado "de forma acorde con la realidad social", y les ha acusado de intentar "hacer descarrilar" la propuesta de España y Portugal para desacoplar el precio del gas del de la luz y bajar su precio.
En una entrevista con Efe, Ribera ha dicho que hay algunos que consideran que con el mecanismo que España y Portugal han presentado a la Comisión Europea (CE), que propone limitar a 30 euros el precio del gas destinado a producción eléctrica en los mercados mayoristas de esos países, "pierden unos ingresos fantásticos y están ya intentando hacer descarrilar esta propuesta, y lo lamentamos".
"Cuánto más margen de beneficio obtienen a los precios actuales, más protestan", ha subrayado la vicepresidenta, que se ha mostrado "decepcionada" con esas compañías, que tenían margen para haber sido más razonables".
Ha destacado que esas compañías "no hubieran podido nunca jamás alegar que esperaban unos retornos, unos beneficios, unos precios como los que estamos viendo en estas semanas", y ha recalcado que el interés del Gobierno "debe estar en defender el interés de los consumidores, no el interés de las grandes empresas".
Asimismo, ha expresado su pesar porque algunas de ellas "no hubieran reaccionado de una manera mucho más acorde con la realidad social que estamos viviendo en este momento, reduciendo tarifas o haciendo ofertas de precios razonables".
Ha recordado que "la transformación del sistema energético pasa por un incremento muy notable de la electrificación", con lo que el negocio de esas empresas "va a seguir creciendo y están en condiciones de poder reducir un poco sus beneficios para poder garantizar que sus clientes puedan disfrutar de las grandes ventajas de un alto nivel de penetración de energías renovables".
"Es una pena que en lugar de eso, lo que estén haciendo sea cuestionar la oportunidad de facilitar el respaldo de los consumidores a través de modificaciones temporales, proporcionadas a la situación de emergencia que estamos viviendo en el mercado eléctrico", ha añadido.
Ha subrayado que los "costes relativos" de esas empresas eléctricas "no se han visto incrementados, salvo los asociados al gas", que "no se va a dejar de pagar", ya que la diferencia con el coste que hubiera tenido de no existir un tope, que en el caso de la propuesta de España y Portugal es de 30 euros/megavatio hora (MWh), se prorrateará entre el resto de tecnologías, ha explicado.
"El gas se va a pagar. Lo que pretendemos es que no se sigan pagando el resto de las tecnologías a precio de gas", ha recalcado Ribera, que ha dicho que "el instrumento que queremos activar España y Portugal es robusto desde el punto de vista técnico y nos permite dar una respuesta que es temporal".
"Nosotros vamos a seguir defendiendo la propuesta" que es "robusta" y "solvente", ha dicho Ribera, aunque no ha descartado que la CE "nos haga algunas recomendaciones", lo que ha considerado "normal".
Ha estimado que la autorización de la CE para aplicar ese mecanismo podría estar para finales de este mes de abril, tras lo cual se llevará inmediatamente al Consejo de Ministros y se publicará en el Boletín Oficial del Estado con entrada en vigor inmediata.
En cuanto al límite fijado para el precio del gas, ha indicado que la CE no ha pedido todavía "nada a ese respecto", lo cual cree que es una señal adecuada.
Respecto al efecto que tendría la medida, ha dicho que si la línea de corte para el gas destinado a generación eléctrica son esos 30 euros/MWh, probablemente se vea una reducción de aproximadamente el 50 % del importe de las facturas que pagan hoy los consumidores con una tarifa indexada al mercado.
En la entrevista también se ha referido a la minoración que puso en marcha el Gobierno de los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías eléctricas debido al alza de los precios del gas, al cobrar las tecnologías que no lo usan, como hidráulica o nuclear, el mismo precio que los ciclos combinados de gas.
A su juicio, es un mecanismo que ha permitido preservar los precios de una buena parte de contratos bilaterales a plazo que había firmados.
Ribera ha dicho que los precios de esos contratos bilaterales, en general, han quedado muy por debajo del precio del mercado mayorista, aunque considera que ésto no es suficiente y que en España faltan "contratos reales de medio y largo plazo", pues las eléctricas suelen firmar contratos con cláusula de revisión anual, "y eso no es un contrato a largo plazo".
Ahora el Gobierno ha incorporado un límite, por el que se aplicará la minoración a los nuevos contratos bilaterales a plazo o a los que se renueven con un precio de más de 67 euros/MWh.