Los derechos y, en concreto, aquellos que las mujeres hemos ido conquistando a lo largo de los últimos 50 años, tanto en el ámbito laboral como social, no son un destino final, sino un punto de partida para futuros avances. Y es que las conquistas sociales son frágiles y pueden revertirse si no las defendemos con determinación.
Esto es lo que ha ocurrido con el Real Decreto-ley 1/2023, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2023 y elimina de un plumazo la exención de cotizaciones para los contratos de sustituciones durante la maternidad. Estos pasan de estar exentos de pagar a la Seguridad Social a tener una bonificación de tan solo 366 euros mensuales.
El despropósito no termina ahí. La norma también impone a las empresas la contratación de personas menores de 30 años como reemplazo en bajas por maternidad. ¿La razón? Fomentar el empleo juvenil, según alega el Gobierno. Una meta loable, pero no a expensas de penalizar el valioso talento senior y la libertad de contratación de las empresas.
El recorrido hacia la igualdad se ha forjado mediante una lucha incansable por la justicia a través del cambio de normas, actitudes e ideas, con la resistencia femenina como testimonio indestructible. Un camino nada fácil que hoy, aunque parezca increíble, se ve amenazado.
Desde que las mujeres nos incorporamos al mundo laboral, la aceptación y normalización de la maternidad ha sido un punto crucial. A pesar de ello, en algunas esferas aún persiste la discriminación hacia las mujeres que se quedan embarazadas o pretenden estarlo. Los motivos son variados, principalmente por el costo añadido que repercute en la compañía donde trabajan. Por eso, las exenciones fiscales y el respaldo a las empresas en este aspecto se vuelven fundamentales para mitigar este conflicto, y es por eso por lo que este Real Decreto-Ley es una amenaza directa.
Desde AEPA creemos que esta medida perjudica la contratación de mujeres, el fomento de la natalidad, a las personas desempleadas de más de 30 años y a las empresas. También creemos que las políticas y los gobiernos deben crear normas y marcos jurídicos que apoyen a la mujer en lugar de penalizarla por el simple hecho de serlo.
La maternidad no debe traducirse en una desventaja laboral. Este tema, que parecía resuelto, ha vuelto a la actualidad con este Real Decreto-Ley que ha zarandeado nuestros derechos femeninos sin previo aviso.
No debemos permitir que este retroceso arraigue. Sin apoyo a la maternidad, a las familias y a las empresas no hay futuro y la resignación no es una opción viable; es una derrota y una traición a quienes lucharon por los derechos de la mujer.
Marcela Fernández Losada es presidenta de AEPA (Asociación de empresarias, profesionales y directivas de la provincia de Alicante