Inundaciones en el campo de la Vega Baja el pasado septiembre. Foto: PEPE OLIVARESVALÈNCIA (EFE). La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) ha acusado al Ministerio de Transición Ecológica de "no darse por enterado" de las consecuencias del temporal de mediados de septiembre y de "falta de apoyo" ante las graves inundaciones.
En una carta remitida a la ministra en funciones, Teresa Ribera, firmada por su presidente, Salvador Marín, los regantes expresan su preocupación y tristeza ante "el grado de desidia y falta de apoyo" del Ministerio ante las graves inundaciones que han tenido lugar en la zona sureste y especialmente en la Vega Baja del Segura.
Y acusan al Ministerio, responsable de la gestión de las cuencas hidrográficas, entre ellas la del río Segura, de "no darse por enterado" de los acontecimientos, mientras que miles de familias han perdido sus viviendas y las explotaciones agrícolas de las que depende su subsistencia.
"Ni la ministra ni ningún alto cargo del Ministerio parecen haber tenido noticia de lo ocurrido" ya que no han recibido la visita ni el apoyo de ningún representante de dicho Ministerio.
Ese hecho solo puede interpretarse, según Fecoreva, como "el explícito reconocimiento de que se ha desatendido el cuidado del cauce del río Segura y la prevención de avenidas", lo que ha agravado "enormemente" los efectos negativos de las inundaciones.
Recuerdan que la ministra Ribera tomó posesión hace más de un año y tres meses y "no ha tenido a bien" recibir a los regantes de España.
No obstante, señalan que aún queda tiempo y oportunidades para "ganarse el respeto y consideración" de un colectivo que agrupa a varios miles de ciudadanos y de un sector que aporta al PIB y representa el 75 % del consumo de agua en España.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, ha recordado hoy, durante su discurso de Apertura del Año Judicial 2019-2020, que las lluvias torrenciales provocadas por la DANA en la Comunitat harán necesario aumentar la planta judicial para que los perjudicados por los daños materiales no sufran, además, retrasos en la respuesta judicial.
"Hace escasos días nos vimos sorprendidos por las inundaciones provocadas por la DANA en varias zonas de nuestro territorio", ha recordado antes de citar cómo, en Orihuela, uno de los municipios más afectados, "se produjo la suspensión de unas 100 vistas".
"Estas lluvias han puesto de manifiesto la deficiente situación de diversos edificios y la necesidad de construir palacios de Justicia en poblaciones como Onteniente o Alicante", ha explicado antes de señalar que las lluvias torrenciales "también han producido multitud de damnificados y cuantiosos daños materiales", todo lo cual va a suponer un aumento de trabajo para los jueces en el orden civil y contencioso administrativo.
"Será necesario aumentar la planta judicial para dar cumplida respuesta" a estos problemas y evitar que, a las penalidades sufridas por los damnificados, "no se añada la tardanza en la respuesta judicial", ha señalado.
De la Oliva ha insistido, como ya ha hecho en anteriores celebraciones de la Apertura del Año Judicial en la Comunitat Valenciana, en que además de más medios materiales y humanos, son imprescindibles "reformas estructurales para garantizar los derechos de los ciudadanos y para contribuir al crecimiento económico", con nuevas leyes procesales más ágiles y la introducción de las nuevas tecnologías en el proceso judicial.
"Es necesario que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y la Consellería de Justicia trabajen juntos" en esta línea, ha dicho De la Oliva ante las decenas de magistrados, fiscales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad presentes en el salón de Actos de la Ciudad de la Justicia, además de la propia consellera de Justicia, Gabriela Bravo, también fiscal de carrera y ex vocal del propio CGPJ.
De la Oliva ha aludido en su discurso a la experiencia de extender la jurisdicción sobre violencia de género del Juzgado exclusivo de esta materia de Villarreal a Nules y Segorbe y la ha valorado como "positiva". "Debe conseguirse que la materia de violencia de género sea conocida por juzgados exclusivos".
En el acto también ha intervenido la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, quien ha reivindicado la "magnífica" labor que están realizando los 254 fiscales de este territorio en todos los órdenes.
Además, ha pedido la derogación de dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el 416, que dificulta la obtención de pruebas en materia de violencia de género, y el 324, que al acortar los períodos de instrucción dificulta la investigación judicial de casos de corrupción y también genera espacios de impunidad.
"Urge la derogación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la dispensa que permite para no declarar contra un familiar en casos de violencia de género, en realidad lo permite para cualquiera en relación con un familiar" pero genera efectos perversos en estos casos de violencia de género, ha declarado Gisbert a los periodistas tras el Acto de Apertura del Año Judicial.
"Es una norma de 1822, no responde en absoluto a la sociedad actual, además no tiene sentido que si es la mujer quien ha denunciado después pueda no prestar declaración", algo que en los casos en los que el único testimonio es el de la mujer "nos deja a los fiscales sin ningún medio de prueba", ha declarado.
En cuanto al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "también urge su derogación por la impunidad que está provocando en asuntos especialmente complejos en delitos económicos y de corrupción política" al imponerse una limitación temporal al juez de instrucción y a los fiscales para investigarlos.
