BENIDORM. El convenio de los propietarios de Serra Gelada con el Ayuntamiento de Benidorm seguirá dando de qué hablar mucho tiempo más. La sentencia dictada a favor de uno de los empresarios que estima una indemnización de 283 millones de euros más intereses, unos 330 millones de euros en total, no se quedará ahí. El Ayuntamiento va a pedir una aclaración de la misma y previsiblemente presentará después un recurso de casación. Pero este no es el único asunto que se sigue en los juzgados por estos terrenos: la nulidad del acuerdo que se aprobó en el pleno también se ha recurrido.
Como viene contando este diario de largo, los dueños de este suelo firmaron el convenio con Vicente Pérez Devesa siendo alcalde en 2003, y fue prorrogado ya con el gobierno de Agustín Navarro en 2010 y 2013. De este modo, trataban de dar salida a una situación creada con el nuevo PORN, que declaraba Serra Gelada como parque natural y, por tanto protegido desde 2005. En él, se establecía las compensaciones por no poder edificar en sus parcelas. Sin embargo, pasó el tiempo y no se llegó a indemnizar ni con una cuantía económica ni con terrenos en otros planes parciales por desarrollar, como puede ser Ensanche Levante o el Murtal -opciones que se nombran en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario-. Cumplidos todos los plazos, los propietarios pelearon y el Ayuntamiento también inició otros procesos paralelos como es declarar la nulidad del convenio.
En los últimos años, el Consistorio ha ido ganando la batalla en los juzgados, hasta ahora. Con esta sentencia en contra se pone en aprietos a las cuentas municipales, aunque la misma no es firme y serán las altas instancias las que resuelvan este importante entuerto que se ha abierto. Si bien es cierto que los responsables de la empresa se han mostrado abiertos a un diálogo con el Ayuntamiento para buscar una solución al fallo.
Pero no se queda ahí, como se decía, también han recurrido la nulidad del convenio, que fue aprobada de manera oficial en el pleno de noviembre de 2022. Así lo ha informado a este diario José Domingo Monforte, director de Domingo Monforte Abogados Asociados. El letrado de Quico Murcia Puchades explica que se interpuso en los juzgados de Benidorm y siguen a la espera de sentencia.
La propuesta defendida por el PP en el pleno fue aprobada por el gobierno local, mientras que el PSOE y Ciudadanos se abstuvieron. Así, el ejecutivo se apoyaba en los diferentes informes que avalaban esta decisión. El proceso se inició con la revisión de oficio del acuerdo en 2021 y sobre el mismo se pronunció el Consell Jurídic Consultiu (CJC) que se manifestó a favor de esta tesis apostando por la nulidad.
Dentro del dictamen de este organismo, se reseñaba que la indemnización económica no tenía cabida por parte del Consistorio por reconocer a dichos propietarios derechos de aprovechamiento urbanístico, que no se ha patrimonializado, y por tanto, que no se había adquirido "dado que no habían procedido a la cesión, equidistribución y urbanización". Así, indican que aunque los terrenos estuvieron clasificados en el PGOU de 1963 como suelo urbano, "no parecían contar" con los requisitos exigidos como acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, etc. Unas argumentaciones que se repiten en la defensa que ha llevado a cabo el Ayuntamiento en el procedimiento del que ha salido mal parado.