Foto: E. PARRA/EPVALÈNCIA (EP). La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido este jueves, en el Desayuno Informativo de Europa Press, el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, que ya se ha remitido al Congreso para su tratamiento parlamentario. "Estoy orgullosa de esta ley porque es solvente, es rigurosa, y constitucionalmente irreprochable", ha dicho Sánchez durante su intervención.
La ministra ha insistido en que la vivienda es "un derecho básico" que durante años se ha convertido "en una gran preocupación" para muchos ciudadanos.
Por eso, ha justificado la redacción de esta normativa "que ni ataca la propiedad privada ni invade competencias" de las comunidades autónomas. Por el contrario, Sánchez ha recalcado que la futura ley fomentará el parque público de vivienda y fijará patrones para proporcionar casas dignas y asequibles.
"El mercado ha sido incapaz de ofrecer soluciones a muchos españoles. La especulación ha campado a sus anchas en determinadas zonas. La ley viene a corregir eso, a ofrecer seguridad a los propietarios y a los inquilinos", ha subrayado la ministra.
Sánchez ha reprochado a los partidos de la derecha su oposición a la futura ley, aunque ha reconocido que no le ha "sorprendido la reacción".
La ministra se ha dirigido a los partidos conservadores para advertirles de que el acceso a la vivienda y la emancipación de los jóvenes "no es una cuestión ideológica" y que todos, "votantes de izquierda y de derecha", sufren los problemas del alquiler o la compra.
Sánchez se ha referido, en concreto, a los dirigentes del PP que "están dando la espalda a los jóvenes". "Me pregunto si es serio anunciar medidas de fomento a la natalidad cuando muchos de los pretendidos padres no tienen una casa donde educar a sus hijos", ha comentado en alusión a las políticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Gobierno espera tener aprobada la Ley de Vivienda en el tercer trimestre de 2022, por lo que ha pedido su tramitación de urgencia en el Congreso, y espera cumplir así su compromiso con la Comisión Europea, ya que la norma es uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El Gobierno aprobó el anteproyecto de ley el pasado 1 de febrero. La vuelta de la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros se demoró cerca de un más por la falta del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debía analizar la posible interferencia de tres artículos de la nueva normativa con la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sin embargo, el texto del órgano judicial aprobó un informe preceptivo, no vinculante, crítico con el anteproyecto del Ejecutivo, al considerar que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica".
El Mitma reconoció que el documento informó "de otros aspectos", en relación a las competencias autonómicas, por lo que procedió al "ajuste formal de algunas cuestiones, clarificando el marco de la competencia y la cooperación entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado".
A pesar de las modificaciones, la futura ley mantiene el respeto al marco competencial de las autonomías, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la propiedad y derecho a la función social.
Sánchez ha defendido también que el Gobierno solo se comprometió a estudiar la aplicación de peajes en las autovías españolas antes de 2024, si bien su implementación ocurriría en otra fase. La ministra ha explicado que la etapa actual en la que se encuentra este proceso es la de abrir el debate al resto de partidos políticos, agentes sociales y resto de administraciones, para consensuar el mejor sistema a aplicar, y que es a eso a lo que se ha comprometido.
Posteriormente, una vez el sistema esté definido, que podría canalizarse con un pago por medio de telepeajes o a través de euroviñetas u otras herramientas, incluso dependiendo de los distintos territorios, Bruselas ya cuenta con otros criterios específicos para empezar a implementarlo en las carreteras.
La ministra ha justificado este compromiso con Europa en que el actual sistema de peajes "genera una terrible desigualdad territorial", por lo que el Gobierno ya anunció en 2018, cuando tomó posesión, que revertiría todas las concesiones que fueran caducando.
Sin embargo, el Gobierno es consciente de que hace falta financiación para las carreteras, sobre todo dado el déficit de casi 9.000 millones de euros que acumulan, de igual forma que "también se paga por los aeropuertos o los puertos" por medio de tasas, según ha recordado Sánchez.
