Raquel Sánchez prevé que el decreto del acuerdo con transportistas se apruebe en febrero

VALÈNCIA (EP). La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este sábado que el compromiso del Gobierno es que el acuerdo con los transportistas de mercancías quede recogido en un decreto ley "como máximo a finales de febrero".

"En el menor tiempo posible, queremos aprobar ese Real Decreto Ley y aplicar cuando antes las medidas", ha dicho en declaraciones a los periodistas durante el Congreso Extraordinario del PSC en Barcelona, tras el acuerdo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) para desconvocar el cierre patronal programado desde el lunes al miércoles.

Sánchez ha defendido que este acuerdo es una "muestra del talante de este Gobierno, que dialoga, que acuerda, que pacta y que está centrado en hacer posible que la recuperación económica y social llegue a todos los ámbitos", también al sector del transporte por carretera.

La ministra, que ha celebrado este acuerdo alcanzado tras un "proceso intenso de negociación", ha asegurado que se trata de un sector clave para la economía y ha destacado la labor que realizó al empezar la pandemia de covid-19, garantizando la cadena de suministros.

Medidas del acuerdo

Entre las medidas que incluye el acuerdo, figuran la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga, así como un refuerzo de tareas de inspección, además de iniciativas para contribuir a la modernización y digitalización, ha dicho Sánchez.

Ha subrayado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia prevé 140 millones de euros para una transformación del transporte para la transición económica que debe llegar a todos los sectores, y que incluye 20 millones para la mejora de áreas de descanso.

El CNTC ha explicado que el acuerdo recoge la reducción de los tiempos de espera a partir de los cuales el transportista tendrá derecho a indemnización; una cláusula de estabilización del precio del gasóleo en los contratos de transporte, y no implantar peajes al transporte pesado sin el consentimiento de la entidad.