ALICANTE. El cambio climático es un hecho constatado por los resultados de análisis de años de estudios y datos comparados por parte de climatólogos y expertos. Altas temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos, el derretimiento del Ártico y el retroceso de los glaciares suizos son algunos de sus efectos. Según una reciente encuesta publicada por el Real Instituto Elcano, el 97% de los españoles encuestados está de acuerdo en que el cambio climático es un hecho y el 95% opina que los principales responsables somos los humanos. Esta preocupación ha situado el debate del cambio climático en la agenda de la esfera pública y los ciudadanos piden soluciones.
Una iniciativa ha partido de economistas de todo el mundo: plantean la aplicación de un impuesto a las emisiones de carbono que se devuelva en proporción a los ciudadanos que menos contaminen. Rafael Pinilla es doctor en economía aplicada y coordina el Citizen´s Climate Lobby para España, organismo firmante de esta iniciativa que explicó en un encuentro organizado por el Colegio de Economistas de Alicante.
-¿Cómo nace esta propuesta?
-Esta iniciativa tienen su origen en EEUU donde un grupo de economistas, como muchos ciudadanos, alarmados por la situación actual de emergencia climática, diseñaron una estrategia eficiente de acuerdo con la ciencia económica. Llamaron a otros economistas y premios nobeles, antiguos secretarios de la reserva federal de EEUU, altos cargos de empresas, y consiguieron 3.500 firmas que suscribieran una declaración que se publicó en enero de este año donde se abordaba una política muy concreta. Meses después, en mayo se presentó en Europa al Parlamento Europeo en forma de propuesta legislativa popular.
-¿En qué consiste esta propuesta ciudadana?
-La iniciativa europea propone implantar un impuesto a las emisiones de CO2 en todo el territorio de la UE, cuya recaudación se devuelva de forma equitativa a la población. Para su implantación, en primer lugar, habría que instaurar un impuesto a las emisiones de carbono de origen si se producen en el país, y si es importado, cuando entre en el espacio de la Unión Europea. Para que no produzca una perturbación en la economía, se empezaría el primer año con un impuesto pequeño de 15€ por tonelada, con un incremento de 10 euros cada año hasta conseguir el objetivo de reducción de emisiones marcado por los políticos de la UE como, por ejemplo, no sobrepasar en más de un grado y medio la temperatura media del planeta.
-¿Cómo afectaría este incremento a los ciudadanos?
-Este impuesto supondría un aumento directo de los precios de la gasolina, y de manera más indirecta en el de la electricidad, ya que una parte no provienen de los fósiles, y en otros productos el mismo mercado permitiría que ese coste original de la producción del cabono se vaya distribuyendo en la misma proporción que está contenido en toda su cadena de producción y distribución.
-Hablamos de una recaudación importante, ¿cómo plantean que los gobiernos gestionen esta nueva partida?
-El incremento de los productos y servicios perjudicará proporcionalmente a los ciudadanos más pobres, que por ende son los que menos contaminan, por lo que la propuesta propone que el impuesto recaudado se devuelva íntegramente a los ciudadanos como una renta a tanto alzado entre todos. Si un impuesto indirecto tiende a ser regresivo, en el momento en que se distribuya entre todos será progresivo de ricos a pobres.
También la gente que haga un esfuerzo a nivel personal se vería compensada. Por otro lado, es importante que los ciudadanos sepan dónde va a ir destinado este dinero, es un tema de transparencia de gestión política. Si el ciudadano ve mes a mes que le están devolviendo dinero, vería que esta medida se cumple, lo que redundaría en positivo en la desprestigiada imagen de la política actual.
Al final de lo que se trata es de concienciar, y que los que más contaminan tiendan a reducir su consumo para pagar menos. De este modo, todo el mundo será consciente de lo que contamina a través de su consumo y procurará ser más responsable desde el punto de vista de las emisiones. Ello llevará a un cambio de precios relativos: los productos que llevan más contenido de emisiones se encarecerán y los que menos serán más baratos.
-Respecto a las empresas que precisan de carburantes fósiles o grandes cantidades de energía eléctrica para el funcionamiento de su maquinaria, como las que se dedican al transporte, ¿plantean alguna acción en especial que las ayudarían a asumir este impuesto?
-La idea es que las empresas se puedan ir adaptando. Una vez hecho el planteamiento, que es a unos 20 años vista, las empresas deberán ponerse en marcha y adaptar sus inversiones al cambio que se avecina. Todas están en igualdad de condiciones, aunque es verdad que las que tienen en su proceso de producción mayor carga de combustibles fósiles tendrán que realizar más inversiones, como cambiar la maquinaria a otra más eficiente o sustituir fuentes de energía. Hay tiempo para que lo hagan, porque el impacto año a año es pequeño. De lo que se trata es que vayan tomando decisiones para eludir el impuesto en la mayor medida posible.
-En cuanto al comercio exterior y la globalización de la producción, ¿qué proponen?
-Es cierto que las empresas se podrían ver perjudicadas respecto a las que producen en el exterior. Para ello se aplicaría un ajuste arancelario en la frontera para evitar que las mismas empresas europeas externalicen su producción fuera de la UE sin este impuesto. De este modo, a las que producen dentro de la UE, en el momento en que exporten su producto se les devolvería este impuesto, mientras que a las importaciones se les añadiría un arancel suplementario para compensar la carga de carbono que llevan. Con ello se pretende que el esfuerzo que hace estas empresas lo hagan también el resto de otros países que quieran exportar a la UE.
-En caso de éxito, ¿qué plazos se barajan para la aplicación de estas medidas en Europa?
-Desde que presentamos esta propuesta en mayo, hay un año de plazo para conseguir el millón de firmas necesarias, con al menos 7 países donde se alcance el 1% de su censo electoral. Cualquier ciudadano europeo puede apoyarla firmándola con su DNI. En caso de éxito, todavía habría mucho que hacer. Si todo fuera bien, calculamos que una normativa de este tipo se aplicaría en 2021.
-Si no se consigue recabar estas firmas, ¿hay un “Plan B”?
-Si esta propuesta no prospera, estoy convencido de que algo parecido saldrá adelante. La nueva presidenta de la Comisión Europea se ha comprometido a tener un plan de control de emisiones en sus 100 primeros días de gobierno que empiezan ahora. Hay una gran sensibilidad a nivel europeo con este tema y sabemos que está en la agenda política, pero si además hay apoyo ciudadano, tendrá más fuerza para que se adopten las medidas necesarias.
-El binomio medioambiente y economía, parece que no vive sus mejores tiempos a nivel de coyuntura internacional, con el desmarque de EEUU de los Acuerdos de París y la guerra comercial con China.
-EEUU es un país que aunque el presidente diga una cosa, la nación va por otro lado. Trump ha dicho que va a retirar a EEUU de estos acuerdos, pero todavía no lo ha hecho, y lo más importante es que aunque lo haya anunciado, la economía estadounidense realmente está reduciendo las emisiones. En el Congreso de EEUU, que es donde se hace la legislación, ya hay una iniciativa como esta, nos llevan ventaja. Nosotros con suerte la meteremos el año que viene en la Comisión Europea pero allí ya hay una propuesta de ley apoyada tanto por congresistas demócratas como republicanos.
Europa presume mucho en los foros internacionales de que somos los paladines del medioambiente, pero a veces se nos va la fuerza en palabras. Sin embargo, EEUU parece el malo de la película pero ya están haciendo avances muy importantes.
-¿Y China?
-A China se le llena la boca como en Europa, pero su consumo per cápita es casi como en Europa teniendo una renta mucho más baja y su crecimiento de emisiones es espectacular. Tendrán que hace cambios también, y lo han incluido en sus planes no sólo por el cambo climático, sino porque hay ciudades irrespirables, como Pekín. Ellos mismos se dan cuenta de que hay que cambiar.