VALÈNCIA. El inicio del próximo curso político se presenta especialmente intenso. La actividad parlamentaria arrancará con el debate de política general en el que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, marcará sus líneas básicas de gestión del siguiente año. Una cita en el calendario a la que le seguirá el primer gran reto al que se enfrentará el número uno del Ejecutivo valenciano tras la salida de Vox del gobierno autonómico: los Presupuestos de 2025 que deberán ser validados en Les Corts, donde el PP no dispone de la mayoría parlamentaria suficiente para sacarlos adelante en solitario.
Con este telón de fondo, en el Consell ya contemplan el escenario de una prórroga presupuestaria como posible. La propia consellera de Economía y Hacienda, Ruth Merino, reconoció el pasado jueves en la primera reunión del Consell tras el parón veraniego que el ejecutivo del que es portavoz trabajaba con esa hipótesis sobre la mesa, si bien la intención es presentarlos en tiempo y forma y lograr que PSPV, Compromís y Vox den luz verde al proyecto que diseñen.
Junto a la elaboración de las cuentas del próximo ejercicio, el Consell también trabaja, desde hace meses, en la futura Ley de Medidas Fiscales. Más comúnmente llamada Ley de Acompañamiento, es aquella necesaria para que salgan adelante cada año los Presupuestos y sirve como cajón de sastre para la modificación de multitud de normativa autonómica.
Ahora bien, la duda radica en qué ocurriría con ella si finalmente las cuentas debieran prorrogarse. "Sin Presupuestos, no podría haber Ley de Acompañamiento", así de tajantes se muestran fuentes de Hacienda consultadas por este diario. Una circunstancia que, de materializarse, supondría un jarro de agua fría para el Consell, ya que en ella cualquier gobierno aprovecha para sacar adelante de forma ágil los cambios legales que quiere para poder impulsar muchas de sus políticas.
En ella se acostumbra, por ejemplo, a introducir prácticamente año tras año las reformas fiscales que se desean. Así lo hizo Ximo Puig durante dos legislaturas, y también Carlos Mazón se estrenó el año pasado con la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones de forma retroactiva desde el mes de mayo -cuando ganó las elecciones autonómicas- para que pudiera aplicarse ya en la declaración de la renta del pasado ejercicio.
¿Sería inviable entonces hacer una reforma fiscal sin ley de Acompañamiento? No necesariamente. Las mismas fuentes consultadas por este periódico recuerdan que podría recurrirse a la vía del decreto ley, como ya ocurrió en 2022 cuando el gobierno del Botànic presentó por primera vez fuera de plazo la Ley de Medidas por un desacuerdo entre PSPV y Compromís sobre las rebajas fiscales a las rentas medias y bajas. Los segundos quisieron que esta fuera acompañada de una subida de impuestos a las rentas altas y la división en el seno del Consell hizo que la reforma fiscal acabara en una ensalada legislativa y no se articulara a través de la Ley de Medidas.
Si el Consell de Mazón acabara recurriendo por tanto a esta figura legislativa ante la imposibilidad de articularlo de otra manera, eso sí, tendría que armarla y argumentarla muy bien para lograr sumar el voto favorable de algún partido de la oposición para ser convalidada en pleno. No en vano, esta herramienta está ideada para cuestiones de urgente necesidad y que sí o sí deben validarse haya o no Ley de Acompañamiento, como por ejemplo la subida salarial de los funcionarios.
En definitiva, un decreto ley se toparía con el mismo dilema al que se enfrentarán ahora los presupuestos del año que viene: la minoría parlamentaria que adolece el ejecutivo, si bien una rebaja fiscal podría ser más fácilmente apoyada por los que eran sus socios hasta hace apenas unos meses, Vox.
Además de dejar la Ley de Acompañamiento pendiendo de un hilo, otra de las consecuencias que tendría la prórroga presupuestaria es que el PP debería asumir las cuentas que en su momento diseñaron sus socios en el gobierno, Vox, hoy ya fuera del ejecutivo.
Según fuentes consultadas por este diario, el Consell no podría anunciarse nuevas ayudas y mantendría las del año anterior. "Las que se convocan por concurrencia competitiva se publicarían de nuevo pero las nominativas, con destinatarios concretos, no podrían volver a ejecutarse", exponen.
El golpe político sería evidente, pero por contra la prórroga presupuestaria derivaría en un ahorro evidente porque muchas de las líneas proyectadas no podrían ejecutarse y las modificaciones de crédito quedarían muy limitadas. Así, donde podría darse un mayor margen sería en los capítulos 2, gastos de funcionamiento, y 6, inversiones y obras. En el primero, el nivel de vinculación es el capítulo, por lo que los créditos están asignados a una conselleria de forma genérica, pero no a cuestiones concretas. En el segundo, los gastos sí aparecen vinculados a proyectos concretos, pero son indicativos y el Consell puede acordar cambios.
Pero no ocurriría lo mismo con los capítulos 4 y 7, subvenciones corrientes y de capital, donde la vinculación sí es con líneas concretas. En resumen, no se podrían crear subvenciones nuevas ni cambiar la finalidad de las previstas en las cuentas del año anterior. Por lo que el gobierno, ahora monocolor, volvería a conceder ayudas que en su momento resultaron bastante polémicas como los 300.000 euros a la Fundación Toro de Libia que otorgó el departamento del exvicepresidente, Vicente Barrera.
Con la pretensión de sacar adelante tanto la ley de Presupuestos como la de Medidas Fiscales, el Consell ya ha ido publicando en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) alguna de las modificaciones que tiene en mente, como el cambio en los métodos de pago de la Renta Valenciana de Inclusión, la de Despoblamiento o Mancomunidades.
En la última, el Consell busca ahora eliminar las figuras de las mancomunidades comarcales creadas por el Botànic. La ley actual señala que los municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes pueden constituirse en mancomunidades de ámbito comarcal, que gozan de la condición de entidades locales y tienen a su cargo la prestación de servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal.
Sin embargo, desde el PP comentan que, de las 32 mancomunidades comarcales que se iban a crear, tan solo se han creado 7. La idea es que estas continúen y no se supriman aunque desaparezca la figura de la mancomunidad comarcal. Pero entienden que la creación de un 20% de lo que pretendía impulsar la ley es un balance "pobre" y que esta figura no aporta nada respecto a las mancomunidades ordinarias.
En cuanto a la ley de Despoblamiento, el Ejecutivo autonómico sostiene que con la norma actual se produce "un reparto no justificado de los recursos públicos que los diferentes departamentos de la Generalitat destinan a los municipios". Ello se debe a la posibilidad de considerar municipios en riesgo de despoblamiento a aquellos que cumplen con una serie de requisitos que, en la práctica, no se están aplicando correctamente. Desde el PP indican que pese a la normativa en vigor, las zonas rurales continuan perdiendo habitantes y quieren adaptar la legislación "a la realidad" y armonizarla porque se ha comprobado "ineficaz".