Benidorm en una imagen de archivo. Foto: PEPE OLIVARES. BENIDORM. El Síndic de Greuges ha cerrado una queja ciudadana que apuntaba a una posible infracción urbanística en las obras de la fachada de un hotel. Una solicitud que cursó al Ayuntamiento de Benidorm en junio de 2022, pero no se inspeccionó el establecimiento hasta octubre de 2023, más de un año después. Una forma de proceder que ha afeado esta entidad autonómica, que ha pedido más celeridad a la hora de dar respuesta para evitar que se consoliden las posibles obras fuera de la legalidad provocando que no se pueda volver atrás.
La resolución de cierre, a la que ha tenido acceso este diario, recoge que este vecino acudió al Síndic el 25 de octubre de 2023 por "inactividad" del Consistorio al comprobar que no obtenía respuesta a sus escritos de 2 y 7 de junio de 2022. La queja fue admitida a trámite por el Síndic en noviembre, momento en el cual pidieron un informe sobre esta cuestión a la administración local dando un plazo de un mes.
En su respuesta, en diciembre, el Consistorio informó sobre las actuaciones realizadas al respecto: los servicios técnicos municipales giraron visitas de inspección al hotel, emitiendo un informe el 24 de octubre de 2023 donde se imponía a los titulares del establecimiento la adopción de medidas correctoras por los incumplimientos detectados. El promotor de la queja tuvo tiempo para alegar, exponiendo que las notificaciones del Ayuntamiento contenían una dirección errónea, motivo por el cual no estaba siendo informado.
Con todo, el Síndic decidió cerrar el expediente de esta queja apreciando que están "tomando medidas para intervenir ante los incumplimientos detectados a resultas de las visitas de inspección efectuadas a la vista de las denuncias presentadas", recoge el documento.
Sin embargo, no quieren dejar ahí el asunto: "No obstante, antes de concluir nuestra intervención en el presente asunto consideramos preciso realizar una serie de consideraciones". Así, apuntan directamente al tiempo que pasa entre los escritos de la denuncia de infracción hasta que se hacen las inspecciones, alrededor de 16 meses después. "Al respecto, es preciso recordar que el artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana es claro al reconocer a las personas interesadas el derecho a que las administraciones públicas traten los asuntos que les afectan en un plazo razonable, en el marco del derecho a una buena administración", continúan.
En este sentido, recuerdan "la importancia" de reaccionar con "prontitud y firmeza ante los hechos que se denuncien, investigándolos y adoptando las decisiones que sean oportunas, así como logrando la ejecución efectiva de las resoluciones que se dicten" con el fin de lograr la "restauración efectiva de la legalidad urbanística conculcada". De lo contrario, advierten, las "obras ilegales pueden terminar consolidándose, sin poder ordenar su demolición". Es por esto que finalmente instan al Ayuntamiento a que adopte las medidas organizativas y de dotación de medios personales y materiales que precisen para reaccionar con prontitud en situaciones similares futuras.
También solicitan a la administración local que tome las medidas oportunas para proceder a la correcta notificación y no se vuelvan a repetir en los casos próximos.
