Rafael Martínez Berna, expresidente de Coepa y CHM Obras e Infraestructuras. Foto: APALICANTE. Con la modificación del Código Penal en 2015 que establecía la responsabilidad penal de las personas jurídicas (es decir, la que permitió imputar y luego condenar al PP como partido en el Caso Gürtel), muchas empresas se han aplicado en establecer protocolos de actuación para evitar, o al menos prevenir, el incurrir en responsabilidades penales fruto de su actividad. Lo que en la jerga técnica se denomina compliance (cumplimiento normativo). Entre las empresas de la provincia que han adoptado este tipo de protocolos de actuación figura la constructora CHM Obras e Infraestructuras, que precisamente ha visto cómo dos de sus directivos eran condenados por financiar al PPCV y acaba de ser citada, como empresa, en la investigación a la construcción del circuito de F-1 en València.
Según se refleja en la memoria de las cuentas anuales de 2017, de las que ya informó en su momento este diario, los consejos de administración de las diferentes empresas que forman el Grupo Vallalba (propietario de CHM) han aprobado un sistema de prevención de riesgos penales, para evitar incurrir en posibles ilícitos durante el desarrollo de su actividad empresarial. "Con el objetivo de reducir la exposición al riesgo normativo y regulatorio, con especial mención a los riesgos de carácter penal, todas las compañías pertenecientes al grupo disponen de un sistema de prevención de riesgos penales", señala la memoria. Este sistema "promueve hacia sus empleados, proveedores y colaboradores una cultura corporativa de respeto a la legislación vigente y de ética empresarial, con especial incidencia en actuaciones preventivas que eviten posibles ilícitos penales que pudieran acontecer".
A raíz de la modificación del artículo 31 del Código Penal en 2015, que completa la reforma de 2010 (donde se establecía por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas), la Fiscalía General del Estado emitió dos instrucciones en las que se indicaba cómo aplicar el compliance en las empresas. De esta forma, si una empresa resulta investigada (antes imputada) y con posterioridad aprueba ese protocolo de medidas de prevención, este se considera un atenuante en caso de condena. Asimismo, si ya lo tiene aprobado antes de resultar investigada y demuestra que se está aplicando, la empresa puede incluso eximirse de responsabilidad penal.
En el caso de CHM, el sistema de prevención de riesgos penales se puso en marcha entre 2016 y 2017, dado que la primera referencia a su existencia en la memoria aparece en las cuentas del pasado ejercicio. Como ha contado este diario, el expresidente de la constructora, Rafael Martínez Berna, y su hermano y ex consejero delegado, Tomás Martínez Berna, figuran entre los empresarios que han sido condenados en la Audiencia Nacional por financiar irregularmente al PP a través del entramado de Francisco Correa. Ambos se apartaron de sus responsabilidades en la empresa en enero del pasado año, meses antes de sentarse en el banquillo. Dado que, como el resto de empresarios acusados (entre ellos Enrique Ortiz) admitieron los hechos y llegaron a un acuerdo con el fiscal, la condena se ha reducido a un año y seis meses de prisión que se sustituyen por multas, como ha publicado Alicante Plaza.
Con posterioridad a esa condena de conformidad, a finales de junio, la juez citó como investigados a los directivos de CHM y de otra gran constructora alicantina, Ecisa, junto a otras varias mercantiles, en el marco de la investigación a las obras del circuito de Fórmula 1 de València, en cuya ejecución participaron. La citación parte de una testifical del ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, que en los últimos meses se ha convertido en el principal testigo de cargo de la financiación irregular de su partido, al admitir en sede judicial lo mismo que negó durante años. Los hechos que se investigan, evidentemente, se registraron mucho antes de que CHM pusiese en marcha su protocolo, y también con anterioridad a la reforma del Código Penal que establecía la responsabilidad penal para las personas jurídicas.
Como ha contado este diario, Rafael y Tomás Martínez Berna decidieron dar un paso atrás en enero de 2017 y abandonar sus cargos en el consejo de administración y la dirección ejecutiva de la empresa de su familia. Ahora ambos se encuentran al frente de una firma de gestión hotelera, mientras que la familia fichó al técnico Vicente Vilanova, experto en carreteras, para presidir el consejo. Las cuentas individuales de CHM en 2017 (el grupo sigue dirigido por un consejo que preside otro hermano, Francisco Javier Martínez Berna) revelan que en el primer ejercicio completo con nuevo presidente, la constructora alicantina consolidó el volumen de facturación del año anterior (64,9 millones de euros, apenas un 2,5% menos) y mejoró ligeramente el beneficio neto (1,59 millones, un 16% más).
