VALÈNCIA. El pleno del Consell aprobó este viernes un decreto que modifica la estructura orgánica de la Presidencia de la Generalitat y cambia las competencias de dos secretarías autonómicas. Un ajuste por el que, como ya había informado este diario, se nombró a la exconsellera de Agricultura Elena Cebrián secretaria autonómica de Cohesión Territorial y Políticas contra el Despoblamiento y, por otro lado, como directora de Relaciones con Les Corts a Ana Domínguez, vicesecretaria general del PSPV-PSOE.
Además, el Consell dio luz verde a otros dos nombramientos en la Conselleria de Justicia: Salvador Broseta, como nuevo subsecretario de la Conselleria de Justicia en sustitución de Belén Cardona, y a Salvador Almenar como nuevo director general de Operativa como relevo de Ángel Paredes.
De esta manera, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acomete una relevante reestructuración interna de su equipo en Presidencia. Una posibilidad que, tal y como había informado Valencia Plaza, se venía barruntando desde hace semanas. La esencia estructural de los cambios se basa en la integración de Comunicación, con la salida de Beatriz Gallardo, en el área de Promoción Institucional que dirige Alfred Boix; y el traslado de las competencias que tenía éste último en materia de Cohesión Territorial a una nueva secretaría autonómica en la que también se incluye el área de Despoblamiento.
En cuanto a la interpretación que se hace de esta remodelación, que Puig justificó este viernes en aras de "revitalizar" un "área fundamental" como la de la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación, diversos dirigentes del Ejecutivo consultados por este diario destacaban la intención de mejorar la "eficiencia" en la gestión. En este sentido, apuntaban a la "unidad de acción" en materia de Comunicación en consonancia con las tareas de Promoción Institucional y Prospectiva, dado que de la citada secretaría autonómica pasarán a depender ahora las direcciones generales de Relaciones Informativas y de Análisis. Una reestructuración que algunos altos cargos definían con mayor simpleza, al apuntar a un "control mediático -mensajes, estrategias, redes sociales...- más cohesionado y concentrado", algo que cuadra especialmente en un año preelectoral.
En esta línea, también se analizaba el impulso a la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación con una lectura en cierta clave electoral. Bien es cierto que Puig siempre ha querido poner el acento en estas cuestiones, pero ante el avance en otras comunidades autónomas de los partidos que enarbolan la bandera de la España vaciada y la probabilidad de que las elecciones autonómicas puedan coincidir con las municipales de 2023, algunos han visto en esta reestructuración un movimiento anticipatorio para apuntalar los que pueden convertirse en unos comicios donde la proximidad y la atención local sean fundamentales.
Ahora bien, un planteamiento estratégico sobre el que, aunque en general las fuentes consultadas en Ejecutivo y PSPV calificaban de "sólido", algunos discrepaban al considerar que debía haber sumido la secretaría autonómica el director general de Administración Local, Toni Such, exalcalde de Alcàntera de Xúquer y con siete años a sus espalda de gestión en el área. En cambio, otros recordaban que Cebrián fue secretaria general para el Reto Demográfico en el Gobierno de España, por lo lo que consideraban el nombramiento "más que justificado".
En cuanto a la entrada de Ana Domínguez como directora general de Relaciones con Les Corts, las fuentes consultadas señalaban que se había producido una confluencia de factores: el director de Cacsa, Enrique Vidal, de Castellón, podía regresar a su ciudad natal como 'número dos' en el Aeropuerto de Castellón a las órdenes de Blanca Marín, por lo que en el Palau consideraron que Antonio Torres, director general de Relaciones con Les Corts sería un buen relevo. A ello se le ha unido que Domínguez ya había destacado como asesora de asuntos parlamentarios en Obras Públicas, por lo que Puig ha apostado por introducir savia nueva en el Palau.