Arcadi España, Ximo Puig, Rebeca Torró y María Pérez, reunidos este domingo. Foto: GVAVALÈNCIA. Probablemente, cualquier presidente autonómico o nacional obligado a gobernar en coalición, se pregunta en momentos de discusión con sus socios cómo sería poder tomar decisiones sin tener la piedra en el zapato de los necesarios compañeros de viaje. Quizá esa fantasía es la que aplica el jefe del Consell, Ximo Puig, a la hora de organizar algunas de sus reuniones que derivan en toma de decisiones y anuncios relevantes. Al menos es lo que interpretan sus socios de gobierno tras algunas situaciones de los últimos días.
El pasado 23 de mayo, el presidente se reunió en el Palau con el nuevo conseller de Hacienda, Arcadi España, para tratar de la Oferta Pública de Empleo de la Generalitat en los tres sectores de la Administración Autonómica: Administración General, Educación y Sanidad. Hasta ahí, todo dentro de la normalidad.
Sin embargo, la composición de la reunión no atendía demasiado al 'mestizaje': el presidente y el citado conseller; dos secretarios autonómicos (Miguel Soler de Educación y Concha Andrés de Sanidad), dos directores generales (Eva Martínez de Presupuestos y David Alfonso de Función Pública). De estos seis asistentes, los cinco primeros tienen en el denominador común de tener carné socialista, mientras que el último, cuya asistencia era obligada por ser el responsable de las ofertas de empleo público, fue designado por Compromís.
Ni la nueva consellera de Educación ni el secretario autonómico de Hacienda, ambos de Compromís, ni la secretaria autonómica de Justicia, de Unides Podem; fueron convocados a la reunión pese a tener relación con la materia y cuando sí había otros cargos de ese rango en la cita. Además, ni el director general que lleva los asuntos de personal en Educación ni la de Recursos Humanos de Sanidad, estuvieron presentes, pero sí estaba en cambio la directora general de Presupuestos.
Por tanto, se evidencia que los criterios para seleccionar a los asistentes resultaron algo confusos: no parecían terminar de ajustarse ni a la competencia directa o máxima en la materia, ni tampoco a un criterio jerárquico, sino más bien al primer cargo público del PSPV-PSOE en cada ámbito.
Una circunstancia que se repitió en el encuentro de este domingo, en el que Puig reunió a algunos miembros del gobierno y del que salió el anuncio de convertir La Marina de València en un puerto autonómico.
Así, a esta cita fueron convocados por el presidente el conseller de Hacienda, Arcadi España; la consellera de Obras Públicas, Rebeca Torró, y la secretaria autonómica de Movilidad, María Pérez, todos ellos de la formación socialista. Curiosamente, no fueron llamados al encuentro el secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero, ni la consellera de Educación, Raquel Tamarit, ambos de Compromís y ambos vocales del Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007.
