VALENCIA (EFE). El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este sábado que la Comunitat Valenciana no reclama una condonación "al uso" de la deuda por la infrafinanciación, sino que se haga "justicia en diferido". "No vamos a pedir perdón por pedir que se haga justicia", ha señalado Puig durante la III Convenció Federalista organizada por la Fundació Rafael Campalans y la fundación Friedrich Ebert en Barcelona. En este sentido, ha expresado su apoyo a la propuesta del candidato del PSC el 21D, Miquel Iceta, para la reforma del sistema de financiación autonómico porque "tiene que ver con la normalidad" y es una cuestión "de justicia", no de "insolidaridad".
Ha defendido que la reforma del sistema de financiación contemple la compensación de la deuda por la infrafinanciación, pues no se pueden resolver "los problemas de infrafinanciación heredando las injusticias de los anteriores" modelos. Desde 2002, según Puig, ha habido una "infrafinanciación" autonómica y ahora "debería haber una compensación", además de señalar que los créditos concedidos a algunas comunidades a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) "otros lo han tenido como financiación". En esta línea, ha recordado el informe del comité de expertos que cifra en 16.000 millones el déficit estructural del sistema de financiación para argumentar la necesidad de cambiar el sistema.
Puig ha destacado que la crisis territorial de España requiere de reformas que conduzcan a un Estado federal, y ha considerado que "todas las sensibilidades tienen que participar de la mesa de diálogo", al igual que todas las fuerzas políticas y todos los territorios. En el transcurso de su intervención ha reiterado la "asimetría" entre la financiación de las comunidades de régimen foral y las de régimen común. A estas diferencias ha añadido el hecho de que Madrid obtiene beneficios de la capitalidad, lo que permite a esta comunidad bajar algunos impuestos, por lo que ha asegurado que se trata de "un paraíso fiscal". Ante esta situación, Puig ha afirmado que "Madrid no es una comunidad autónoma más, no lo es" y ha concluido: "que no nos digan que todo esto es normal, porque no lo es"
"Lo único que no nos podemos permitir es el inmobilismo", ha aseverado el president, quien ha insistido en que "la fractura territorial existe y su superación precisa de gestos, de puentes y de fijar una agenda para solucionarla", según un comunicado de la Generalitat. Puig ha reiterado que no se puede afrontar el problema de Cataluña sin atender la crisis territorial en su conjunto, mediante unas reformas que ofrezcan "un conjunto atractivo para muchos que ahora están desconectados racional y emocionalmente del Estado".
El president ha propuesto la construcción de nuevos pactos territoriales que permitan superar la recentralización, la infrafinanciación, la falta de mecanismos de codecisión institucional y la ausencia de reconocimiento de las singularidades. En esta línea, ha criticado que la "recentralización" emprendida por el Gobierno ha afectado al ejercicio de las competencias propias, mientras que la fractura creada por el déficit de financiación constata que España es un Estado asimétrico, "no por sus singularidades, sino por sus desigualdades".
En cuanto a la falta de mecanismos de codecisión territorial, ha recriminado que no haya espacios de encuentro entre Administraciones, y que "cuando existen, es la Administración central quien se reserva la mayoría del poder decisorio", como en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Hace falta entender que las autonomías también somos Estado", ha afirmado Puig, quien ha pedido codecidir en materias como el reparto del déficit autorizado por la Unión Europea.
Finalmente, Puig ha sostenido que también hay un deficiente reconocimiento de las singularidades territoriales y ha defendido un Estado "diverso, con diferentes realidades políticas y culturales". El president también ha defendido reformas constitucionales encaminadas hacia un federalismo cooperativo como "sutura" para las fracturas de Estado, y ha reclamado urgencia para abrir este debate.
Puig ha abogado por aclarar una distribución competencial basada en el principio de subsidiariedad, el asentamiento de una coordinación que se produzca de forma conjunta "y no desde el centro hacia la periferia", la transformación del Senado o la apuesta por un modelo de financiación "equitativo" reconocido constitucionalmente.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral