Prometosa, obligada a pagar el asesoramiento jurídico del Murtal tras recusar a los técnicos de Benidorm

BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha desestimado el recurso interpuesto por Prometosa Construcciones SL, el agente urbanizador del PAI Murtal. En este caso, el recurso era contra el pago que se le había girado por los gastos de asesoramiento jurídico para la reparcelación de los terrenos. Un total de 36.000 euros, incluido el IVA, que tendrá que hacer frente la mercantil según ha resuelto el consistorio.

La mercantil interpuso un recurso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 27 de febrero de 2017, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Alicante Plaza. Éste aprobaba la liquidación en concepto "de gastos de gestión del Urbanizador no repercutibles entre el resto de propietarios, por honorarios profesionales de asesoramiento y defensa del Ayuntamiento de Benidorm, con ocasión de la tramitación y aprobación del proyecto de Reparcelación Forzosa". 

La empresa defendía que habían sido actos de trámite, pero el consistorio lo deniega. Por lo que hace de obligado cumplimiento la liquidación por parte de la empresa.

Hay que tener en cuenta que todo ello parte de un decreto firmado en 2008, cuando ya se acuerda este extremo y la propia urbanizadora no recurre dicho escrito. 

Según explican fuentes municipales, este decreto es consecuencia de la recusación que pidió Prometosa contra los técnicos municipales del área jurídica. Algo que obligó a contratar un asesoramiento externo para la redacción de dicha reparcelación. Ante esta decisión cabe un recurso contencioso en los juzgados de Alicante.

El tira y afloja de la empresa con el Ayuntamiento no es nuevo. Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero el consistorio volvía a desestimar un recurso interpuesto por la mercantil contra el acuerdo adoptado por la junta de gobierno local del pasado 2 de octubre, en el que se le daba 10 días para que presentara los justificantes del abono o consignación de las indemnizaciones a los acreedores netos. Se trataría de un pago a cuatro acreedores que asciende en total a 62.575,01 euros. 

Como consecuencia, ha dejado paralizado durante años el desarrollo de esta zona de Poniente, un sector que ocupa 907.656 metros y en el que se previó la construcción de hasta 2.900 viviendas.