El exconcejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, junto al exedil de Hacienda, Juan Seva, en imagen de archivo.ALICANTE (EP). El Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante ha dictado auto de procesamiento contra el exedil de Atención Urbana de Alicante, Andrés Llorens, (PP) como supuesto responsable de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, cohecho, tráfico de influencias, negociación y actividades prohibidas a funcionarios públicos y de abusos en el ejercicio de su función, por la adjudicación de obras a cargo del Fondo de Estatal de Inversión Local de 2009 y 2010, conocido como Plan E.
En un auto del pasado 17 de mayo facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza procesa a otras tres personas, un técnico de la concejalía y representantes de mercantiles, y a dos empresas por los mismos hechos. En cambio, sobresee provisionalmente la causa por usurpación de estado civil y estafa. La jueza da diez días al ministerio fiscal para que solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o para pedir diligencias complementarias. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma y apelación.
La jueza considera en su resolución que existía "un acuerdo" entre el técnico y las dos mercantiles para que fueran beneficiarias "de forma ilícita" en la contratación de obras públicas. Y sostiene que el apoderado de Becsa habría realizado "el pliego de condiciones de diversos proyectos del denominado Plan E", que habría firmado el técnico "como propios" y por los que Becsa resultaba adjudicataria final con CCMS como subcontratada. Asimismo, afirma que CCMS recibía "directamente" adjudicaciones de "menor cuantía". Además, sostiene que "existen indicios" de que esas supuestas irregularidades serían "cuanto menos conocidas y consentidas" por el entonces concejal del área, Andrés Llorens. El ex regidor del PP también podría acabar sentándose en el banquillo de los acusados por la adjudicación irregular de la contrata de montaje de infraestructuras festivas, el llamado caso Isjoma.
Entre las obras adjudicadas está la renovación de la plaza de Altozano; la adecuación de la mediana de la avenida de la Vila Joiosa; acondicionamiento del parque de Canalejas; renovación parcial del pavimento de la Explanada; renovación de la plaza de la Muntanyeta; construcción de 40 contenedores enterrados en el casco antiguo y plazas de Alicante; de otros 100 contenedores soterrados en la ciudad; el servicio de mantenimiento parcial de vías-servicio 48 horas; y, otras obras menores, entre otros proyectos.
La jueza detalla que los indicios surgen de una "ardua" investigación de la Brigada de Blanqueo de Capitales; y señala como "claras" las relaciones personales entre el técnico municipal y los representantes de las dos mercantiles, y expone las relaciones laborales entre los hijos del técnico y sus parejas con las dos empresas.
Además, subraya que CCMS "se sustenta principalmente" por dinero procedente del Ayuntamiento y que su volumen de negocio fue "en aumento desde el año 2006". En ese sentido, se refiere a la "multitud" de conversaciones telefónicas interceptadas entre el técnico y los dos empresarios en las que se pone de manifiesto "la estrecha relación" entre los tres y "la forma en que orquestan las adjudicaciones de obras". Unas veces por urgencia, "otras inflando presupuestos" de obras que iban a ser adjudicadas a esas empresas; y "hablando con los empresarios de forma plural con frases como 'nuestra empresa'".
Y ejemplifica esa manera de actuar al subrayar que para actuar en la reforma de la Explanada, el técnico rechazó "tajantemente" que se hiciera cargo el servicio 48 horas y "planificando" con CCMS "la estrategia" para lograr que se facturara fuera del contrato.
Asimismo, habla de la construcción de 100 contenedores soterrados y que el técnico se opuso a que la adjudicataria asumiera los costes de adquisición e instalación de los contenedores. El proyecto estaba firmado por el técnico investigado a fecha de enero de 2010, cuando el encargo para el proyecto se hizo en febrero.
Por su parte, la jueza detalla que se desprende del examen de los expedientes de la concejalía y de la documentación intervenida a la empresa que la redacción del pliego de condiciones para proyectos del Plan E corría a cargo de la empresa Becsa aunque iba firmado como propio por el técnico. Al respecto, destaca que se localizaron documentos PDF relativos al proyecto y al pliego creados con "fecha anterior" a la de la licitación en un ordenador a nombre del empresario de Becsa. "Documentos PDF creados en dicho terminal que resultan prácticamente idénticos a los que figuran en los proyectos aprobados", por la Concejalía de Atención Urbana, señala.
La jueza incide en que esas supuestas irregularidades serían conocidas "por órganos decisorios de más responsabilidad dentro del Consistorio" y habla de los "apuntes" sobre la reuniones por obras financiadas por el Plan E. Expone que un documento, el R-03, es una tabla realizada por Becsa en febrero de 2009 que recoge una relación de proyectos a licitar y "en la que parece indicarse la existencia de un compromiso adquirido" por "miembros" del ayuntamiento para adjudicaciones por 5 millones de euros, "cantidad muy cercana al beneficio obtenido por Becsa", que asciende a algo más de 4,9 millones de euros. "Y esa persona no puede ser otra que el concejal delegado de la Concejalía de Atención Urbana", como órgano gestor del contrato, Andrés Llorens, que es quien "firma todas las licitaciones objeto de examen". Por último, la jueza detalla que Becsa compró los contenedores soterrados a la empresa Equinord, de la que era delegado "el hermano del concejal que adjudica".
