Prisiones cede a Anticorrupción y da permisos a Blasco un mes después de apreciar riesgo de reincidencia 

VALÈNCIA. La presión de la Fiscalía Anticorrupción sobre el director de la cárcel de Picassent a favor de la salida de prisión de Rafael Blasco surte efecto. La Junta de Tratamiento, el órgano técnico encargado de valorar y autorizar los permisos de los presos, ya ha aprobado la salida del exconseller condenado por malversación de las ayudas al Tercer Mundo. Con ello, solo resta que el juez de Vigilancia Penitenciaria apruebe este permiso para que Blasco pise de nuevo la calle, según informó Instituciones Penintenciarias a Valencia Plaza.

La aprobación del permiso se produce solo un mes después de que el mismo órgano rechazara la última petición de salida del exconseller del PP al considerar que existía riesgo "medio-ato" de reincidencia.

De este modo, se consuma el cambio de criterio sobre la situación de Rafael Blasco a pesar de que las circunstancias objetivas por las que hasta ahora siempre se le habían negado los permisos se mantienen: ni ha devuelto el dinero de la responsabilidad civil por la que está condenado, ni ha mostrado arrepentimiento, ni han desaparecido las causas por las que aún debe ser juzgado.

Este bandazo coincide también en el tiempo con el pacto que el fiscal de Anticorrupción en este caso, Vicente Torres, ha alcanzado con Rafael Blasco, que ya cumple una pena de seis años y medio de cárcel, para conseguir su confesión a cambio de una condena mínima en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación.

Este acuerdo de conformidad, que evitaría tener que celebrar el juicio por estas dos piezas, incluye rebajar la petición de cárcel para Blasco de 16 años a solo 2 y medio. Para firmarlo, como viene informando Valencia Plaza, el exconseller exigía que se le garantizaran los permisos penitenciarios –algo que ya ha logrado al consumarse el cambio de criterio del órgano que estudia los permisos en Picassent– y trato de favor a su mujer, Consuelo Císcar, y su hijo Rablaci en la investigación del caso IVAM, cuyo fiscal es el mismo que el del caso Cooperación.

La junta se oponía por unanimidad a los permisos, pero se ha dividido a la hora de apoyar la salida de Blasco

Dentro de las maniobras que la Fiscalía Anticorrupción ha realizado para fraguar este amaño destaca una reunión que los fiscales Vicente Torres y Pablo Ponce mantuvieron con el director de la prisión de Picassent para exponerle los detalles de ese acuerdo de conformidad y hablar de los permisos. En este encuentro, absolutamente anormal por el formato y el contenido, también estuvieron el abogado de Blasco, Javier Boix, y el letrado encargado de sus asuntos penitenciarios, Juan Molpeceres, quien también defiende a Consuelo Císcar en el caso IVAM.

Posteriormente, miembros de la Junta de Tratamiento de Picassent se mostraron molestos tras recibir indicaciones del director sobre la necesidad de tener en cuenta el acuerdo con Blasco a la hora de valorar sus peticiones de salida. Este órgano colegiado, integrado por profesionales del centro como médicos, trabajadores sociales o educadores– es el responsable de valorar las solicitudes de permisos con criterios técnicos. Su presidente es el propio director de la cárcel, Jesús Sánchez-Gadeo, quien tiene voto de calidad en caso de empate.

En su informe anterior sobre la idoneidad de Rafael Blasco para disfrutar de permisos, la Junta de Tratamiento acordó negárselos y lo hizo por unanimidad de todos sus miembros. En el último, en el que cambia de criterio y aprueba el permiso, el acuerdo se ha tomado por mayoría, lo que implica que hubo algunos miembros que no cedieron y mantuvieron su oposición.

Hasta ahora, durante los más de tres años que el exconseller de Cooperación lleva en prisión solamente ha disfrutado de un permiso. Fue a finales de 2017 y porque el juez de Vigilancia Penitenciaria lo autorizó pese al informe en contra de la Junta de Tratamiento de Picassent. La Audiencia Provincial de Valencia lo revocó posteriormente, pero cuando Blasco ya lo había disfrutado. Desde entonces, todas las solicitudes le han sido denegadas por todas las instancias que intervienen en las mismas.

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS ASEGURÓ QUE NEGOCIAR CON LOS PERMISOS SERÍA "UN DELITO"

Instituciones Penitenciarias, que en anteriores conversaciones con este diario negó la existencia de las reuniones sobre Rafael Blasco que finalmente terminó admitiendo, confirmó que el cambio de criterio de la Junta de Tratamiento se hizo efectivo en una reunión celebrada el 7 de junio. En todas estas conversaciones posteriores omitió la existencia de este último acuerdo y aseguró que la petición del exconseller aún estaba pendiente de valoración.

En una de las peticiones de información de este diario, un portavoz de Instituciones Penitenciarias rechazó que existiera una "negociación" con el director sobre los permisos porque eso sería "un delito".

Con la concesión del permiso a Rafael Blasco, considerado el cabecilla de un grupo criminal que durante años saqueó el dinero de las subvenciones públicas destinadas al Tercer Mundo, se van cumpliendo las premisas que ha impuesto para admitir los delitos por los que se le acusa en las piezas 2 y 3 del caso.

La otra contrapartida: trato de favor en el caso IVAM

Otra contrapartida es el trato favorable a Consuelo Císcar y su hijo, un joven artista conocido como Rablaci, ambos imputados en el caso IVAM, en el que entre otras cosas se investiga si la esposa de Blasco y hermana del diputado socialista en el Congreso Ciprià Císcar se aprovechó de los recursos del centro para impulsar la carrera de Rablaci. En la causa, abierta por malversación, prevaricación administrativa y falsedad documental, se investigan también sobrecostes en la contratación de publicaciones y en la adquisición de copias de obras de arte como si fueran genuinas.

En esta parte de la investigación, desgajada en una pieza separada a petición del abogado que hasta hace pocas semanas ejercía la acusación por parte de la Generalitat, la jueza acordó reclamar una fianza de más de 4,17 millones para Císcar y otros investigados para resarcir a la Generalitat por el perjuicio económico causado. La exdirectora del IVAM ha pedido al menos una prórroga al juzgado para depositar la fianza en forma de avales y evitar así un embargo.

En este punto, conviene tener en cuenta las dificultades para encontrar bienes en el domicilio Císcar-Blasco con los que poder hacer frente a las respectivas responsabilidades civiles de los delitos por los que se les investiga, al menos entre su patrimonio conocido. Sirve de ejemplo el hecho de que el chalet que la Fiscalía Anticorrupción ha aceptado como contrapartida para rebajar al mínimo la petición de cárcel para Blasco ya está embargado por el Tribunal de Cuentas.

A pesar de la irregularidad que supone condicionar los acuerdos de conformidad a los permisos para salir de la cárcel, no es la primera vez que la Fiscalía Anticorrupción utiliza esta estrategia para forzar la confesión de acusados en el caso Cooperación. Como relató este periódico, a principios de 2017, Vicente Torres ya usó los permisos como moneda de cambio para conseguir que el empresario César Augusto Tauroni incriminara al exconseller de Cooperación.

Lo hizo con el visto bueno de la Fiscal Jefe de Valencia, Teresa Gisbert, que supervisó que los expedientes penitenciarios de varios de los acusados pasaran a ser controlados por los Fiscales de Anticorrupción en lugar de por los específicos de Vigilancia Penitenciaria, quienes siempre se habían opuesto a la salida de prisión de los principales condenados en el caso al no haber devuelto el dinero.

Tras ese cambio, Anticorrupción recurrió la negativa del juez a darle permisos a Tauroni pese a que días antes el fiscal de Vigilancia Penitenciaria le había pedido al juez lo contrario. Además de fracasar, esta negociación desató una grave crisis en el seno de la Fiscalía de Valencia.

En las últimas semanas, este periódico ha solicitado tanto a la Fiscal Jefa de Valencia, a través de su Fiscal Portavoz, como a la Fiscalía Especial Anticorrupción en Madrid que manifiesten si respaldan esta nueva negociación con los permisos penitenciarios como moneda de cambio. De momento, las maniobras de los fiscales Anticorrupción con el director de la cárcel Rafael Blasco ya han desembocado en el cambio de criterio de la Junta de Tratamiento de Picassent para aprobar estos permisos.