ELCHE. Este lunes tenía lugar el primer y largo pleno de la ciudad de este 2025. Una sesión de pocas novedades, y ningún propósito nuevo a aplicar entre los dos bloques. La tónica fue la misma que la de los últimos tiempos: sin intervenciones cuando no interesa políticamente, desacuerdo por lo general, si bien sorprendieron algunos acuerdos puntuales, con sus habituales dosis de interrupciones o problemas de moderación. Y como estaba previsto, no se abordó la polémica trans por las declaraciones de la portavoz de Vox, Aurora Rodil.
Entre esas contradicciones, una de las evidentes fue la de la aprobación, otra vez, de la Agenda Urbana. De paso que el equipo de gobierno tenía que actualizarla para vincularla a la nueva línea de fondos europeos, en los que Carrús tendrá un papel preeminente, según el concejal Claudio Guilabert, el Ejecutivo aprovechó para eliminar las referencias a la violencia de género, al Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), o la Agenda 2030. Una estrategia del PP para que Vox pudiera asumir el documento —en la primera aprobación, en septiembre de 2024, se abstuvieron por ese contenido de líneas rojas para ellos—. Aunque desde la oposición recordaban al alcalde que el PP de Feijóo sí está por la Agenda 2030 y los ODS, ni siquiera se eliminaron todas las referencias, como añadía la portavoz de Compromís, Esther Díez.
Además, se habla en un párrafo de la conferencia Hábitat 3, perteneciente a la ONU y adscrita por tanto a los ODS. Un arreglo "cutre" para Compromís; una maniobra que hace al PP local "vetusto" según la socialista Patricia Maciá; y una pequeña victoria ante la "ideología woke", decía Rodil, al eliminar parte del enunciado. Eso sí, a pesar de ser un documento elaborado en su mayoría en la etapa de PSOE y Compromís, votaron en contra del mismo, tras dar el sí en septiembre. O reconocer Díez que aún quedaban referencias a esas palabras tabú para Vox.
Por otra parte, otro de los momentos curiosos por los roles jugados vino a colación de una moción de Vox, presentada para exigir a la Generalitat la limpieza de residuos y mantenimiento de los montes municipales, cargando contra la gestión actual y solicitando rescatar el plan Emerge 2022 (de contratación municipal a desempleados), que era del Botànic. Algo en lo que no tardó en recordar Compromís, al ver que Rodil planteaba exigir al Consell que se implicara más en este cometido, a pesar de haber formado hasta hace poco del engranaje autonómico. A lo que también aludió Esther Díez. Finalmente, se aprobó por unanimidad.
En cuanto a cambios de posiciones, también hubo amplio consenso, salvo el voto contrario de Vox, relativa a la 'defensa de una política migratoria basada en el
respeto, la integración y la convivencia en la ciudad'. PP, PSOE y Compromís dieron su respaldo. El portavoz de la moción, Mariano Valera, defendía la islamofobia vertida por Vox por la detención de cuatro menores detenidos supuestamente por planear un atentado yihadista. La edil de Compromís apuntaba que el propio alcalde le llamó y le dijo que era un "caso aislado" y que no había indicios de ese intento, que obedecía más a una "bravuconada".
Eso sí, PSOE y Compromís aprovecharon para reprochar al PP que respaldaron una moción de Vox hace varios plenos en la que vinculaban migración y delincuencia. Aunque votaron en ese sentido, Celia Lastra, de Cooperación, manifestó que condenan taxativamente cualquier vinculación del Islam o la migración con el terrorismo, y quiso mandar un mensaje de apoyo "absoluto" a todos los migrantes de la ciudad, independientemente de su credo. Justificó las declaraciones de Mazón que comparaban la situación de la dana con Gaza, como lamentaba Valera, y el comunicado de Vox tras la detención de los menores. Por su parte, Rodil aseveró que no son racistas, que tiene pacientes de todas las etnias y credos; que en Elche no hay guetos, "pero sí barrios con mayor delincuencia", y que ella siente que los católicos "sí hemos recibido persecución, se nos hostigó a los que rezábamos en la cruz (de Germanías)".
Y precisamente sobre Rodil y la polémica por la transfobia que han venido denunciando días atrás desde oposición o colectivos LGTBIQ+, lo ya esperado: se rechazó la solicitud de comparecencia que pedía el PSOE —y que a priori buscará un pleno extraordinario sobre esto— y la interpelación de Compromís. Esta pasaría a pregunta, pero no quedó claro si es por normativa del reglamento, ya que Díez no pidió transformar su interpelación en pregunta a final del pleno.
La concejal, en un tono más severo porque el tema iba con ella, aseguró que está "encantada de comparecer si toca", aunque se alineaba con el argumentario del PP para vetar sus explicaciones: "No hay interpelación a concejales, es al gobierno". Y añadía al final que no tiene problema en contestar ninguna pregunta "porque no condeno a nadie, ni a las personas trans, ni homosexuales ni heterosexuales". Y manifestaba que además sería un pleno de propaganda para ella.
En materia urbanística, por otra parte, sobre la aprobación de las nuevas alturas para algunos sectores, el PSOE criticó que no se hacía por un "modelo de ciudad más sostenible ni por un debate con agentes sociales o un plan estratégico", decía Héctor Díez, sino por instancia de terceros interesados, los promotores del sector E-37 y E-21. "Urbanismo a la carta", calificaba el concejal, al tiempo que criticaba que no se les supo decir qué otros sectores podrían ser. A lo que el edil de Urbanismo, Francisco Soler, visiblemente molesto, justificaba que aprovechando dos sectores muy avanzados, en los que el Ayuntamiento tiene mucho interés por la falta de vivienda, "para que ayude a bajar los precios", se aplicaba una de las tendencias que ahora se buscan: manzanas más grandes para el esparcimiento o zonas comunes y crecer en altura.
Y aunque es un cambio realizado a instancias de los promotores, no es la primera vez que se hace según las necesidades del momento; las instalaciones de Tempe 3S en el Parque Empresarial también requirieron un cambio en el PGOU. Para acabar, desde el PSOE también denunciaban que llevan semanas esperando conocer cuáles son los terrenos que el Ayuntamiento espera vender y obtener 5 millones de euros. Las expropiaciones de Ronda Sur o Jayton dependen de ello, si no se tendrá que modificar la financiación.
Asimismo, sobre el debate ya mantenido de Clarisas y por qué se declara BRL y no BIC, a pesar de la defensa mantenida siempre por el PP con la figura autonómica, el alcalde Pablo Ruz desveló que Cultura rechazó la declaración a finales de 2022, y que debía ser BRL. Al tiempo que ahora Les Corts les respondió a Compromís que se estaba estudiando el trámite BIC iniciado hace años. Más incongruencias sobre esta cuestión, como que el PSOE conocía dicho informe de 2022, que no se había avisado a Compromís; o que, según Ana Arabid, exedil de Urbanismo, Ruz ha sabido de este ahora por el debate que ha generado la figura de protección. No antes para impulsar la protección BIC.
En cuanto a otros puntos de unanimidad debatidos, el estudio de detalle para el proyecto de 69 viviendas autonómicas en Los Palmerales o la moción de Compromís para seguir con el Edificant en la ciudad para varios institutos.
