Un grupo de visitantes guarda cola para subir en el Turibús de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El debate sobre la incidencia de la llegada de visitantes en el devenir diario de las ciudades turísticas que se viene planteando en destinos como las Islas Canarias, las Islas Baleares o la misma ciudad de València se extiende hasta Alicante a partir de los distintos pronunciamientos formulados por representantes del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición.
Los populares mantienen que, hasta el momento, no existe un problema de saturación de flujos turísticos, ni molestias asociadas a la disposición de viviendas turísticas en edificios residenciales, a pesar de las primeras muestras de rechazo vecinal que se habrían puesto de manifiesto en barrios como el de Carolinas. Al menos por ahora, el equipo de gobierno sostiene que todavía existe margen para crecer en la llegada de visitantes con el fin de generar actividad económica y crear puestos de trabajo, como insistió el mismo alcalde, Luis Barcala, este lunes, sin que se haya barajado la posibilidad de implementar posibles limitaciones (al margen de las que ya delimita el PGOU), como la suspensión de licencias para pisos turísticos que se aprobó este martes en el Ayuntamiento de València.
Eso sí, el mismo Barcala -y en la misma línea se posicionó la edil de Turismo, Ana Poquet, este martes- señaló que una de las prioridades actuales es disponer de estudios objetivos que permitan tener un foto actualizada sobre cuál es la situación actual, que sirva de base para tomar futuras decisiones. Un objetivo que se pretende cumplir a través del convenio firmado con la Universidad de Alicante (UA) sobre la creación de la cátedra 'Ciudad de Alicante'. Y a esa posición se le dio un giro de tuerca más también este martes con la advertencia formulada por el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, sobre las consecuencias que podría tener el hecho de que se pretendiese instaurar una "turismofobia que creemos que no existe". "Nos preocupa la turismofobia que parece que algunos están intentando meter en la sociedad alicantina" y que considera que "no es real en la población", señaló en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta de Gobierno.
"Nos preocupa que esa turismofobia pueda dar lugar a que algún turista" pueda descartar "un destino turístico como Alicante; que pueda haber alguien que se lo plantee porque una minoría haga más ruido que la mayoría que está a favor", afirmó, al tiempo que recalcó la apuesta por el sector "porque Alicante es una ciudad turística" y garantizó que se trataría de facilitar "todos los medios para que lo siga siendo".
En el extremo opuesto, también este martes, se plantearon dos propuestas alternativas que tendrán eco tanto en el pleno ordinario de mayo, este jueves, como en la reunión del Patronato de Turismo, este miércoles. Esta última iniciativa corre a cargo del PSOE, que trata de forzar al equipo de gobierno a precisar qué medidas piensa habilitar para absorber la llegada de nuevos flujos de visitantes que puedan desviarse desde València después de que se haya anunciado, también, la pretensión de establecer un freno a las escalas de macrocruceros.
Así, el PSOE registró este martes un escrito para su consideración en la reunión del Patronato con la intención de que se precise "cómo se va a afrontar el aumento de servicios públicos tras el ofrecimiento del alcalde de acoger todos los cruceros que no quieren recibir otras ciudades, entre ellas València, al cuestionar el impacto en términos de retorno económico y su impacto medioambiental", según señalaron fuentes del PSOE, a través de un comunicado.
"El alcalde tiene que explicar cómo va a garantizar los servicios públicos para que no se produzca un impacto negativo en la ciudadanía. Si Barcala quiere que vengan a Alicante esos 800.000 cruceristas" que, según el PSOE podrían dejar de hacer escala en la ciudad de València, "tendrá que explicarnos cómo va a reforzar, por ejemplo, el servicio de limpieza, que ya de por sí es deficitario. No es aceptable que la concejala de Turismo afirme que se están planteando reordenar la plantilla de Policía para atender cuestiones relacionadas con el turismo, porque eso supone restar efectivos de los barrios y de otros servicios necesarios para la ciudad. La ciudad no es suya, no es del alcalde, sino de todos los que aquí convivimos. No es una cuestión de reordenar, sino de garantizar los servicios públicos a los alicantinos", señaló la portavoz adjunta del grupo socialista, Trini Amorós.
Un grupo de turistas, observa la hoguera oficial infantil de 2023. Foto: RAFA MOLINADe este modo, el escrito registrado por el PSOE insta al equipo de gobierno a que "se realicen de forma urgente estudios para cifrar el impacto económico de esos nuevos cruceros en Alicante, el coste en servicios que supondrían para la ciudad, y el impacto medioambiental sobre playas como El Postiguet o San Gabriel". "Desde luego, no estamos en contra del turismo, pero defendemos la necesidad de que existan servicios públicos suficientes tanto para atender a los que llegan, como para la ciudadanía que reside en la ciudad", añadió Amorós.
Además, sobre las licencias de apartamentos turísticos, Amorós subrayó que su partido lleva meses "reclamando que se aumenten las inspecciones sobre los apartamentos turísticos ilegales, pero el gobierno de Barcala lo ha rechazado de forma sistemática". "No sólo se genera un problema a los vecinos de Alicante, sino también al propio sector que oferta alojamientos reglados", concluyó.
En segundo lugar, el grupo municipal de Compromís anunció también este martes el registro de una propuesta de declaración institucional para su debate en el pleno ordinario de mayo por la que plantea la creación de una tasa turística limitada al periodo de las fiestas de Fogueres con el propósito de que las aportaciones realizadas por los visitantes puedan contribuir a sufragar el incremento de servicios que supone en cuestiones como los servicios de limpieza viaria o la seguridad.
En este sentido, el portavoz municipal de la coalición valencianista, Rafa Mas, argumentó que "recibimos cada vez más visitantes a nuestra ciudad los días grandes de Fogueres. El impacto económico es mayor sobre los tejidos productivos de nuestra ciudad, hostelería, ocio, restauración, hoteles. Pero cada vez cuesta más a las comisiones de Fogueres y Barracas montar la fiesta grande de nuestra ciudad, su mantenimiento". Así, señaló que "para mantener el patrimonio artístico, cultural, nuestra identidad son menos de 10.000 personas los comisionados que montan una fiesta, de la cual se beneficia toda la ciudad. Por eso, tenemos que garantizar la viabilidad de la fiesta", apuntó. "¿Y qué proponemos?: una tasa turística para que los visitantes que vengan a nuestra ciudad paguen un poquito más, para el mantenimiento público, esencial, y, además, permita ayudar con la indumentaria y otros gastos. Se trata de garantizar la viabilidad y el futuro de nuestra fiesta y todo pasa por aplicar esa esa tasa, para que las personas que visitan nuestra ciudad paguen un pequeño suplemento y que repercuta directamente nuestra fiesta", concluyó.
El propio president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, también se posicionó sobre el debate este martes al referirse a las diferentes posiciones mantenidas por los gobiernos de València y Alicante a pesar de que sus respectivos alcaldes compartan el mismo color político. Así, en primer término, felicitó tanto a la alcaldesa de València, María José Catalá, como a su homólogo de Alicante, Luis Barcala, por enfocar sus políticas turísticas "como corresponde, con sentido común".
Mazón explicó, en declaraciones recogidas por la agencia Efe, que se trata de Ayuntamientos distintos con realidades turísticas distintas, pues la provincia de Alicante acapara el 65 % del turismo de la Comunitat y "lleva mucho tiempo trabajando con paquetes", y en la ciudad de València "hasta que ha llegado Catalá estaban bloqueadas las licencias de hoteles", aseguró. "El canto favorable al turismo es un canto común en la Comunitat Valenciana, pero cada realidad municipal" es diferente, manifestó Mazón, quien sostuvo que en la ciudad de Alicante "el PP lleva adaptándose mucho tiempo para atraer turistas", y la ciudad de València "acaba de empezar".
En esta línea, apunto que cada ciudad tiene que ir avanzando a un ritmo "sostenible, equilibrado y adecuado" y en que no solo es "perfectamente compatible, sino deseable", que no crezcan todos "a lo loco" ni que tampoco "se pongan barreras a lo loco", como en el pasado. "La alcaldesa Catalá demuestra un conocimiento de las posibilidades y del equilibrio que poco a poco necesita la ciudad, y el alcalde Barcala conoce perfectamente que la ciudad de Alicante ya hace mucho tiempo que está luchando por ser puerto base de cruceros y no puede renunciar a los cruceros para los que lleva tiempo preparándose", apostilló.
