PP y PSPV no logran sumar a Compromís a las 'ayudas a la carta' pese a ofrecer más dinero

ALICANTE. El Partido Popular lo ha intentado hasta último hora; es decir, hasta este jueves, y el PSPV le ha echado un cable: el objetivo era que Compromís se sumara al pacto por las ayudas a la carta, algo que al final ha sido dado por imposible: Compromís no traga mientras se mantengan las ayudas paralizadas por un juzgado. Al menos, por ahora, pues el plan de inversiones de 31 millones, que prevé ayudas nominativas para 13 municipios, entre ellos, los de los tres vicepresidentes de César Sánchez, queda aplazado y se retomará con la intención de que se apruebe en el pleno ordinario del mes de junio. El equipo de gobierno del PP, pese a las fallidas negociaciones, alega que esperará a la resolución judicial que pesa sobre la subvención a la carta de 700.000 euros  de Busot, que está suspendida cautelarmente por un juzgado.

El último arreón lo ha protagonizado el asesor de César Sánchez, el ex alcalde de Benissa, Juan Bautista Roselló, quien el jueves por la mañana se hizo una ronda de llamadas a cinco alcaldes de Compromís -Gata de Gorgos, Altea, Muro, Agost y Banyeres de Mariola-, con la siguiente tesitura: queremos dar más dinero a vuestros municipios -los de Compromís-, pero lo podéis perder todo si vuestro portavoz, Gerard Fullana, sigue boicoteando el pacto con PP y PSPV que posibilite la aprobación de todo el plan conjunto, incluidas las 13 ayudas nominativas. Según el testimonio del propio Fullana, quien dio los detalles de las llamadas recibidas por sus alcaldes, Roselló ofreció a esos cinco ayuntamientos que presentaran propuestas para acogerse a las ayudas a la carta, pero que lo hicieran vía correo electrónico, y no en el registro general.

Esa hipotética oferta llegó a plasmarse en un estadillo que, al parecer, pudiera manejar el área de Presidencia de la Diputación de Alicante. En breve espacio de tiempo, al Ayuntamiento de Altea se le asignó un millón de euros más. Al parecer, el objetivo del Gobierno provincial era subir la compensación global con Compromís y de esta manera, que los alcaldes presionaran al grupo de la Diputación de Alicante para que no interpusiera un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo. La cuestión, y así se le explicó a los alcaldes valencianistas, era que PP y PSPV llegarían a los 5 millones de euros para sus municipios, y que Compromís, si se sumaba al acuerdo podría llegar a los cuatro millones.

Durante ese interín, algunos concejales del PSPV también llamaron a regidores de Compromís para hacerles ver lo que se podía perder si finalmente no se sumaban al acuerdo. Y en el pleno de La Vila Joiosa, el PSOE respaldaba la moción de los nacionalistas para que no rebajar las ayudas que la Diputación da para obras financieramente sostenibles.

Pero mientras eso se producía, a las 10:45 horas, salieron los tres diputados de la coalición valencianista y denunciaron las supuestas coacciones que el asesor de Presidencia había sometido a Compromís a través de los alcaldes. "El mensaje es que no denunciemos lo que pensamos que es ilegal. Y que si lo denunciamos, los pueblos se quedarán sin las ayudas; es muy grave", ha afirmado Gerard Fullana. Además, ha puntualizado, al parecer Roselló había exigido a los regidores que se li hicieran saber a Fullana: "Y que me llamaran personalmente para exigírmelo. Es inaceptable y es un comportamiento cavernícola que recuerda al peor PP de la peor época", ha denunciado. En ese mismo momento, los valencianistas ponían un condición más: para alcanzar cualquier acuerdo, Roselló debía dimitir.

Con este panorama, el PP se dio cuenta de que el acuerdo era imposible, pese a que tanto los populares como los socialistas tienen votos suficientes para sacar adelante el plan. Pero la idea sigue siendo sumar a Compromís para evitarse un hipotético recurso judicial que lo paralice todo, o algunas ayudas parcialmente.  Pasadas las 15 horas, El gobierno de la Diputación de Alicante, del PP y presidido por César Sánchez, hacía público que había decidido suspender el pleno extraordinario en el que se iba a abordar la distribución de las inversiones financieramente sostenibles, previsto para el próximo día 23.

Carlos Castillo alegaba que se hacía "por prudencia y teniendo en cuenta que se está pendiente de un dictamen judicial". El también vicepresidente de la Diputación aprovechaba el comunicado para criticar "la actitud de patio de colegio" que, en su opinión, está demostrando el grupo Compromís, a quien ha acusado de "intentar imponer un veto, desde su minoría, al funcionamiento de esta institución y a un acuerdo adoptado en pleno y de forma mayoritaria entre PP, PSOE y EUPV".