ALICANTE. Una nueva ampliación de capital arranca este martes en el Elche con la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
Casi tres semanas después de que la convocatoria de la misma fuera aprobada por los accionistas (acometerla es muy importante para el consejo del Elche, pero a este también le urgía que la aprobación de la misma se produjera antes del 30 de octubre, pensando en la auditoría a la que se va a someter y que usará el Consejo Superior de Deportes para determinar el nuevo capital social con que ha de contar), con el anuncio en el BORME se inicia (así lo establece el propio anuncio) el plazo de un mes por el que se extiende la primera de las tres fases en las que se estructura una operación de aumento de capital social por aportaciones dinerarias cuyo importe asciende a 1.355.001 euros e implica la emisión de 423.438 nuevas acciones con un valor nominal de 3,20 euros cada una.
En esa primera fase, los actuales accionistas tienen la posibilidad de ejercer el derecho de suscripción preferente que se les reconoce: tienen derecho a suscribir un número proporcional de nuevas acciones, a razón de una por cada 2,172 que ya posean.
El ejercicio derecho de suscripción preferente de la Fundación requiere un desembolso total de 747.000 euros
Precisamente este derecho de suscripción preferente, el ejercicio del mismo, centrará la reunión también prevista para este martes del patronato de la Fundación del Elche que como titular del 55,16% del capital social del club (pignorado en favor del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) está el 54,73%), concretamente de 507.022 acciones cuyo valor nominal total asciende a 1.622.470 euros, tiene derecho a adquirir en la primera fase 233.435 acciones de las 423.438 de la ampliación, es decir, habría de desembolsar 746.994 euros. Que la Fundación haga lo anterior está descartado, como también que el banco del Consell ejerza en su lugar dicho derecho (así lo tienen convenido en el contrato de prenda suscrito en 2011 para garantizar la devolución del aval prestado en su día por el IVF, operación que la Comisión Europea considera una ayuda de Estado prohibida y por eso le reclama al Elche el pago de 4.045.786 de euros a la Generalitat).
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