VALÈNCIA. El Real Betis Balompié, el expresidente Manuel Ruiz de Lopera, el empresario Luis Oliver y varias de las asociaciones de béticos que denunciaron prácticas ilícitas en la gestión del club firmaron anoche un acuerdo para terminar con la judicialización que afecta a la entidad desde hace siete años.

El pacto, calificado de "histórico" por el consejo de administración del club en un comunicado emitido esta mañana, supone que "todas las partes" hayan "subordinado sus posiciones al beneficio único y exclusivo del Real Betis Balompié y de los béticos".

El fondo del asunto, además de dilucidar presuntos delitos cometidos por los antiguos administradores del Betis, es la propiedad del paquete mayoritario de acciones de la entidad, más del 51%, por el que litigan en los tribunales Lopera y Oliver a través de sus compañías mercantiles.

Más de la mitad de esos títulos, un 31% del capital social total, tiene no obstante los derechos políticos suspendidos mientras un Juzgado de lo Mercantil de Sevilla dilucida si fueron adquiridas en buena lid por Ruiz de Lopera en 1992, extremo que los actuales rectores verdiblancos niegan.

La nota referida señala que el consejo desea ahora "centrar el objetivo del Betis en el plano deportivo, eliminando la prolongada pugna en los juzgados que ha dificultado de manera evidente el crecimiento del club".

"El acuerdo contempla la creación de una comisión que definirá el procedimiento público y transparente por el que el 51% de las acciones del Real Betis Balompié será puesto a disposición de los accionistas y abonados béticos", continúa el comunicado.