Un momento de una de las marchas de protesta contra el desarrollo del proyecto. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS), que agrupa a asociaciones vecinales, entidades conservacionistas y colectivos sociales, vuelve a expresar su "rotundo rechazo" al proyecto promovido por la empresa XC Business 90 para instalar una planta de almacenaje de carburantes en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante, como ya manifestó el pasado septiembre, cuando este diario adelantó los planes de la compañía para desarrollar dos fases adicionales de su propuesta, con las que llegaría a disponer de 20 depósitos.
En concreto, el colectivo disiente de las conclusiones alcanzadas en dos informes evacuados por la Generalitat entre finales de 2020 y mayo de 2021 -uno emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental y otro por la Abogacía de la Generalitat- en los que se considera que la planta de carburantes no queda sometida al trámite de evaluación ambiental al haberse registrado con anterioridad a la entrada en vigor de Ley 21/2013. Al respecto, la PPS descarta que el proyecto "no requiera de la obligatoriedad de someterse a un procedimiento de evaluación ambiental, tal y como supuestamente se recoge en unos informes de la Generalitat Valenciana. Esto contradice toda la normativa sobre evaluación ambiental, tanto la actual como la vigente en el momento en que se presentó la solicitud de licencia ambiental en el Ayuntamiento de Alicante (febrero de 2013)", según exponen sus representantes, a través de un comunicado.
"Denunciamos por tanto la parcialidad y falsedad de estos informes, de los cuales no tenemos ninguna constancia, y que erróneamente sostienen que esta instalación no encajaría en el 'supuesto de evaluación ambiental'. La legislación vigente en el momento de la presentación del proyecto, que es la ley de Evaluación Ambiental de 2008, ya exigía el filtro ambiental a todas las instalaciones que superaran las 100.000 toneladas", expone el colectivo.
Al margen de ello, la PPS insiste en que el tiempo transcurrido desde el registro del proyecto también conllevaría que su autorización quede sujeta a ese análisis de impacto, a pesar del "descarado intento de fraccionamiento del proyecto en tres fases para evitar los controles ambientales exigibles". En este sentido, la plataforma señala que "la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental establece en su Disposición Transitoria Primera, punto 3, que incluso contando con una evaluación ambiental favorable (que no es el caso, puesto que en ningún momento se ha llegado a tramitar ni a resolver), al haber transcurrido más de 6 años sin que se haya ejecutado el proyecto, la tramitación inicial pierde sus efectos y ha de aplicarse obligatoriamente la legislación ambiental vigente en la actualidad (ley 21/2013), y por tanto respecto a este proyecto sería necesaria la evaluación ambiental más exigente". Sobre todo, según recalca el colectivo, "porque afecta a: dos LIC marinos de la Red Natura 2000, el LIC Cabo Huertas y especialmente el LIC/ZEPA Tabarca; las playas urbanas de La Albufera, La Almadraba, El Postiguet, San Gabriel y Urbanova; y la zona de captación de agua de las desaladoras Alicante I y Alicante II, que abastecen de agua para consumo humano a las ciudades de Alicante, Elche y Santa Pola".
"Con todos estos condicionantes medioambientales, es inconcebible por sentido común que una instalación de estas características, que supondría el almacenamiento y tránsito de hasta 900.000 toneladas de combustible y por tanto con un altísimo potencial contaminante, no necesite de una Declaración de Impacto Ambiental que con total seguridad sería desfavorable", argumenta la PPS.
"Volvemos a recordar que el proyecto supone tanto el tránsito por la bahía de Alicante de grandes petroleros como la operación de bunkering (trasvase de combustible de barco a barco), con el riesgo de emisiones y vertidos. Recordamos además que aunque el Tribunal Constitucional tumbó la modificación introducida por el Consell del Botànic en la LOTUP respecto a la distancia mínima de 1.000 metros de este tipo de instalaciones respecto a núcleos urbanos, este requisito continúa vigente de acuerdo a la ley 6/2014 de Calidad del Aire de la Generalitat Valenciana", recalca.
Y, además, la PPS considera que resultaría imposible "que el preceptivo informe de seguridad y prevención de accidentes graves (es de esperar que no aparezca ahora otro informe 'oculto' declarando que no es necesario, lo cual sería un escándalo mayúsculo), pueda ser favorable". "Son evidentes los riesgos sobre la seguridad de la población de los barrios colindantes, incluidos sus centros escolares, y de la ciudad en general, por posibles incendios, explosiones y nubes tóxicas, que se agravarían por el efecto dominó derivado de la colindancia de los macrodepósitos con la planta petroquímica de fabricación de betunes asfálticos y la planta de fertilizantes químicos, en la que se manipula nitrato amónico".
En este sentido, la PPS alude a "la explosión que se produjo en el puerto de Beirut en 2020 en un macrodepósito de nitrato amónico, con más de 200 muertos y más de 7.000 heridos y, hace pocas semanas, la explosión de un solo depósito de combustible en Nagorno Karabaj, con más de 170 muertos y centenares de heridos". "Recordamos e insistimos en que el Puerto de Alicante es un puerto urbano, enclavado en zonas densamente pobladas, e integrado en una ciudad cuyo modelo económico básico es la actividad turística y que necesita cuidar y proteger su entorno litoral y costero, así como el Convenio firmado en 1995 por el Puerto, el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno Central para sacar del Puerto los depósitos de la antigua Campsa y que incluyó el compromiso de no volver a instalar este tipo de actividad en el Puerto por su peligrosidad", señala la nota pública.
Por lo pronto, como ha informado este diario, la promotora de la planta de combustible ya ha aportado toda la documentación requerida por la Concejalía de Urbanismo para completar el expediente de solicitud de licencia, entre la que se incluye el plan de seguridad y emergencias, a pesar de que -según fuentes consultadas- se trata de un documento que queda al margen de la concesión de licencia de obra y que debe analizar la Conselleria de Justicia e Interior, y no el Ayuntamiento, en el momento en el que se demande la licencia de actividad.
Por último, el colectivo pone el foco de su escrito de denuncia registrado ante el Ministerio de Transportes, "puesto que la promotora y responsable de la concesión a este proyecto ha sido la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), dependiente de este Ministerio". "Hacemos un llamamiento tanto al Ministerio de Transportes como al Ministerio de Transición Ecológica para su intervención inmediata mediante los cauces que consideren oportunos y pongan fin a la amenaza de este despropósito para la ciudad, y al Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana a que abandonen su actitud tibia, cómplice y pasiva y con todos los argumentos legales, sociales y de defensa del interés de nuestra ciudad disponibles pongan fin de manera definitiva al proyecto", prosigue el comunicado.
"Ninguna de estas administraciones, todas ellas responsables de que el proyecto de instalación de 20 macrodepósitos de combustible en el corazón de Alicante siga vivo y reaparezca cada vez con más fuerza, van a evitar que sean las instancias judiciales las que al final resuelvan la obligatoriedad de una evaluación ambiental máxima y de un informe de seguridad exhaustivo que rechacen este proyecto. La ley está de nuestra parte, y llegaremos a donde haga falta. Es triste e indignante que quien ha de velar por la seguridad de la ciudadanía y el cuidado medioambiental de nuestro entorno sea quien aliente, promueva y favorezca proyectos insostenibles y peligrosos", abunda la plataforma.
"Desde la PPS hemos solicitado de forma reiterada reuniones con carácter de urgencia para abordar tanto esta grave amenaza como otras actividades portuarias causantes del histórico conflicto Puerto-Ciudad, al nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y a la Consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, y no hemos tenido respuesta por parte de ninguno de ellos", concluye el comunicado.
