Foto: KIKE TABERNEREn la cola del padrón de València, bajo paraguas facilitados por el Ayuntamiento para evitar lipotimias en la calle, cientos de monsieurs et madames Sans-délai sufren cada día el imparable deterioro de la atención pública al ciudadano, 190 años después de que Mariano José de Larra publicara su magistral Vuelva usted mañana, que desgraciadamente no ha perdido un ápice de actualidad.
El del padrón municipal de València es solo un ejemplo del maltrato administrativo que el español sin influencias sufre desde tiempo inmemorial y que se ha agravado a partir de la pandemia sin que nadie ponga remedio. Debería ser motivo de debate y propuestas en la campaña electoral, pero apenas se toca –quizá les da vergüenza volver a prometer la ventanilla única–, como si fuera un castigo divino. Sí que se habla de las listas de espera en Sanidad que algunos prometen "reducir", asumiendo que fracasarán en su eliminación.
El ministro Escrivá dijo el miércoles en el Congreso que es "un bulo" que los ciudadanos tengan que pedir cita previa para ser atendidos en la Seguridad Social, lo que demuestra que el ministro más tecnócrata del Gobierno de Sánchez conoce al dedillo la ley pero no se entera de lo que pasa en su negociado y mucho menos de lo que se cuece en la calle.
Efectivamente, es ilegal que una administración exija pasar por la cita previa para ser atendido en una oficina pública, por mucho que pongan un policía o un guardia jurado en la puerta para impedir el paso a quien no haya concertado cita. Como advirtió el Síndic de Greuges y han dicho algunos abogados, no hay ninguna norma legal que ampare esa barrera que se ha impuesto en muchas administraciones en perjuicio de los contribuyentes a los que deben prestar servicio. En perjuicio, sobre todo, de la gente mayor.
A pesar de ello, numerosas administraciones están exigiendo ilegalmente la cita previa sin que los responsables de asegurar el buen funcionamiento de los servicios públicos digan ni pío. ¿Dónde está Gabriela Bravo, si hablamos de la Generalitat? ¿Está María Jesús Montero tan ocupada con la reforma de la financiación autonómica que no tiene tiempo para esto?
Los abogados recomiendan que no nos rindamos y exijamos en la puerta que nos atiendan. Y si no lo conseguimos, que presentemos una reclamación por escrito. Pero el ciudadano sabe que eso lleva más tiempo y no sirve más que para que te den la razón meses después y tengas algo que contar en un artículo de opinión como este.
Cuando nació mi segundo hijo, el Gobierno de Zapatero acababa de implantar trece días de permiso de paternidad adicionales a los dos que teníamos hasta entonces. Fui a tramitar el permiso en la oficina de la Seguridad Social en la calle Bailén, donde había una larga cola en la calle porque estaban en huelga. Llegado mi turno, una hosca funcionaria de los servicios mínimos con una pegatina de CCOO me hizo volver dos veces –porque la primera vez me faltaba un papel y la segunda una fotocopia, o a la inversa, no recuerdo bien– y hacer cola en cada ocasión en la calle un frío y ventoso día de noviembre, cuando en noviembre los días eran fríos y ventosos. Estas tres paradas a la intemperie derivaron en un fuerte resfriado que me hizo pasar buena parte del permiso de trece días sin poder salir de casa.
Presenté una reclamación detallada a la Seguridad Social y me respondieron pidiendo disculpas porque la funcionaria no debería haberme pedido ninguno de esos papeles, no hacían ninguna falta. A continuación, mandé una queja por escrito a CCOO, como trabajador que había sufrido las consecuencias de un uso desmedido del derecho a la huelga por parte de una de sus representantes. Su secretario general, Joan Sifre, también se disculpó por escrito, cosa que agradecí.
Desde entonces me fijo, no lo puedo evitar, en la manera como tratan al ciudadano que soy los funcionarios y funcionarias con los que me encuentro, a quienes saludo siempre con un sonoro "¡Buenos días!" para entrar con buen pie y a quienes nunca tuteo, por jóvenes que sean. La mayoría responde con amabilidad y vocación de servicio, especialmente los de atención telefónica. Pero también me encuentro indolentes empleados públicos incapaces de hacer un esfuerzo para que todo salga bien. Algunos no merecen estar ahí, pero ese es el problema de la administración, que los verdaderos servidores públicos no tienen ninguna recompensa por hacerlo mejor ni quienes dan mala fama al funcionariado sufren ningún castigo por no cumplir con su obligación.
Además del colapso real en algunos departamentos, sospecho que hay otra causa que acentúa la sensación de mala atención: algunos han descubierto lo fácil que es administrar las visitas a su conveniencia y no a la del ciudadano, y sin ninguna cobertura legal han montado un sistema de cita previa tan espaciado, que ha vaciado las entradas y las salas de espera. Cuando uno llega a algunas administraciones y teclea el DNI, suena al momento la campana para que pase a la ventanilla 14, camino de la cual observa el resto de mesas vacías atendidas por personal que no conoce lo que es el estrés. Y no es solo la cita previa, que en la oficina del padrón de València la quitaron y la cosa no ha mejorado.
Dicen que faltan funcionarios y que el PP recortó… Pobres excusas de quienes llevan ocho años gobernando la Generalitat o el Ayuntamiento de València y cinco en el Gobierno central. Un período en el que el número de empleados públicos no ha dejado de crecer. Hay más que nunca en la historia, hay más tecnología y menos papeleo, y los mismos problemas. Al menos ahora reparten paraguas.
