Park Control 2000 sigue acumulando sentencias en su periodo de "rebeldía"

BENIDORM. La empresa Park Control 2000 SL sigue recibiendo sentencias, aunque a los jueces les esté costando encontrarles. Este mismo lunes volvieron a recurrir al DOCV para notificar a la mercantil el fallo por una demanda interpuesta por Goldcar Spain, contra la que no cabe recurso, según relata el texto, que no concreta a cuál de las dos partes condena. Park Control se encargaba hasta el 2015 de la zona azul de Benidorm, cuando el PSOE consiguió el apoyo de Liberales para quitarle la concesión porque entendían que estaban incumpliendo las condiciones del contrato. Esto terminó por hundir a Park Control, cuyos últimos pasos tienen que ver con las deudas y los embargos.

A pesar de que hasta ese momento prestaron servicio en la ciudad, su última aparición en el Registro Mercantil fue en 2014 en relación a nombramientos en la empresa y no registra los datos financieros desde 2012. Eso sí, el último movimiento fue el 4 de febrero de 2017. Éste se debe a una nueva sentencia.

Reflejo de esta caída de la empresa es el informe de la Agencia Tributaria, que la incluye en la lista de morosos, con una deuda de 1,7 millones de euros. Este mismo año ya empezó con otra notificación de una nueva sentencia, de nuevo a través del DOCV, ya que los jueces no encuentran el domicilio de la mercantil, cuya sede de Benidorm no está en funcionamiento, según aseguraron diferentes fuentes consultadas.

La empresa, declarada en rebeldía, pidió en 2014 que se aplaza el embargo para saldar sus deudas. Pero en junio de 2016 el Juzgado Social número 1 de Benidorm inició una subasta de bienes por un importe de 124.920,03, a los que habría que sumar en torno a unos 40.000 euros en intereses y tasas. Además, desde las Islas Baleares también se le solicitan distintas cantidades, de menor cuantía. Cabe recordar que también prestó servicio en la localidad de Vila.

Los últimos coletazos de la mercantil en Benidorm terminó con numerosos empleados manifestándose en contra de la gestión de su empresa, que no les pagaba las nóminas.

A la mercantil no se le conoce trabajo reciente, pero hay que destacar la importante labor que tuvo en la ciudad de los rascacielos, sobre todo en lo político. Llegó incluso a ser objeto de demanda contra el ex alcalde socialista, Agustín Navarro y, el que fuera concejal de Movilidad, José Bañuls, por un supuesto delito de prevaricación continuada debido a la resolución del contrato de la zona azul y la grúa en 2010. La querella la presentó el PP.

Esto se entendió como consecuencia directa de la moción de censura a los populares, cuyo tránsfuga fue Bañuls, y aupó a la alcaldía a Navarro. Finalmente, la causa quedó archivada.