Ortiz: por amor al amor 

La sentencia del llamado caso PGOU de Alicante, ramal del caso Brugal, emitida esta misma semana, consagra una verdad inmensa: la amistad no es delito. Podemos respirar tranquilos en tanto en cuanto uno puede ser amigo de quien le dé la gana. Hasta ahí podíamos llegar. Y a esa franca pasión de sana camaradería se entregaron tanto Luis Díaz Alperi como Sonia Castedo, alcaldes sucesivos del PP desde 1995 a 2015, con el constructor y urbanizador Enrique Ortiz, o viceversa. Ortiz, el mismo que desde el 95 escaló posiciones hasta convertir una empresa familiar en un imperio, el Grupo Cívica, codeándose, solo o en unión temporal, con los grandes de España. Absueltos casi todos... una multa por cohecho para Ortiz de 18.000 euros por regalarle a doña Sonia una prenda de Carolina Herrera (la ex alcaldesa absuelta también puesto que estaba prescrito el delito). Y otra multilla para Alperi por un viaje a Creta.

Con la amistad que se profesaban el citado trío, y algunos más, ¿qué pecado existe en que se hablaran de cosas en un yate, en cruceros a Ibiza con aromas a Moet Chandom, o en escapadas fin de año a la nieve andorrana ? Ninguno, puesto que la amistad es sagrada. Es decir, si usted, estimado lector, tiene proyectos con unas determinadas parcelas, o con un sector de suelo, en el término municipal de Alicante tiene todo el derecho del mundo a hacerse amigo del alcalde o concejal de Urbanismo de turno, llevárselo de güisquis y hablar del futuro de los terrenos. No hace falta que se tome la engorrosa molestia de pedir cita en el Ayuntamiento, torear con cien burócratas, esperar meses y meses, tal vez años, para conocer el estado de su expediente. La información es pública por ley tal como acaba de reconfirmar la Audiencia Provincial de Alicante. La amistad es por tanto un mero atajo. Acabará antes. Es lo que se desliza en la sentencia: el fin justifica los medios. Si los güisquis, o comilonas de lujo, son reiterados no hay ningún problema: como mucho, un uso abusivo de la amistad.

A Enrique Ortiz, que genera directa e indirectamente miles de puestos de trabajo, siempre le han gustado los senderos de la amistad, tanto con el PP como con el PSOE. Hasta el punto de que un portavoz municipal del PSOE, Roque Moreno, estimado, tuvo que dimitir de su puesto por pedirle a Ortiz que colocara en una de sus empresas al hijo de otro concejal socialista, Vicente Ronda. Por entonces (2009/2010), y antes, muchos políticos acudían a Ortiz a por favores. Ya se lo pidió en su día la propia Castedo, cuando solo era concejala para que su esposo mejorara su posición laboral en una de las empresas de don Enrique, Tizor Hormigones. ¿Lo que no hagas tú por tu cónyuge... quien lo va a hacer? Hasta el socialista Blas Bernal, uno de los muchos ahijados que ha tenido Ángel Franco, picó en la trampa.

Otro de los ahijados políticos de Franco, Juan Antonio Román (querido), abandonó en 2005, de portazo, la secretaría local del PSOE por su profundo desacuerdo con Franco en la macro-operación Rabasa impulsada por Luis Díaz Alperi con Ortiz como principal propietario del suelo: la reclasificación de varios millones de metros cuadrados para una urbanización similar en población a la de la ciudad de Elda. "Un pelotazo de manual" como ya se encargaban de pregonar entonces desde el propio PP gentes críticas con Alperi, incluido alguno de renombre que al cabo del tiempo acabó atrapado en la misma red que tanto le escandalizaba. Luego vino lo de Ikea, que también precisaba una reclasificación… una historia infinita.

No sé a ciencia cierta el rédito que ha obtenido Enrique Ortiz, el INEM de la clase política alicantina, de todas estas décadas de trajines, donde lo mismo prestaba su yate a los de NNGG del PP, Marta García-Romeu, para ir a Tabarca a festejar un triunfo electoral de Alperi, que proclamaba sin pudor, fue en la boda de uno de los hijos de don Luis, el brillante futuro de doña Sonia, todavía concejala: Esta va a ser mi alcaldesa. Seguro que se lo ha preguntado mil veces. Más aún cuando algunas de sus intenciones han salido fallidas: Miguel Valor, tras la dimisión de Castedo, dinamitó meses antes de las elecciones de 2015 el PGOU de Jesús Quesada, que solo contaba con aprobación provisional; Rabasa se ha quedado como estaba; un secarral; y el Ayuntamiento, que yo sepa, no ha permutado suelo ultraprotegido (Aguamarga y su entorno) por suelo urbanizable, mientras que los sectores afectados por las Torres de la Huerta se siguen mirando con lupa. Ni tráfico de influencias, ni prevaricación, ni revelación de secretos, ni cohechos. Nada. Todo por amor al amor. Tal vez debería escribir sus memorias (Ortiz).

Luis Barcala, que fue concejal con Castedo, puede celebrar la absolución de doña Sonia. Y Carlos Mazón también. No me cabe la menor duda, sobre todo en el segundo, de que lo hacen con la boca pequeña porque, con sentencia o sin sentencia, todo el mundo venía entendiendo que la promiscuidad entre el empresario y los políticas no era sana. No era normal. No era ética. No era estética. Y ponía en cuestión, o sembraba sospechas, la absoluta libertad de competencia a la hora de concurrir a encargos de la Administración. Ahora todo se mira con lupa, o por lo menos con un poco más de lupa. No sé si en algo hemos ganado.

Queda un fleco cuando menos sorpresivo. El promotor ilicitano Ramón Salvador Águeda (padrino del PSOE de Elche desde tiempos inmemoriales) se declaró culpable en el juicio, hace un año, y admitió que había pagado 116.000 euros al bufete Salvetti, regentado por el hermano de Sonia Castedo, José Luis Castedo y por el ex concejal socialista Javier Gutiérrez, para que le recalificaran terrenos. Pero como nadie es culpable, don Ramón tampoco es culpable. Magia potagia. Por lo visto hizo el primo con su confesión. Los 116.000 no eran un impuesto revolucionario para poder entrar en el juego. Eran para obras de caridad. ¡Qué alivio!