BENIDORM. Un punto en el orden del día elevado por el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha despertado la caja de los truenos. Éste hacía referencia al acta de acta de pago y ocupación de los terrenos de la partida de El Moralet, cuyo expediente de expropiación se inició en 2011. El punto se retiró por falta de informe del interventor, pero el debate posterior animó el día, y la semana: los 5,9 millones de euros en los que está valorada no se han consignado en el juzgado. Saltaron las alarmas e "intereses de demora" no pararon de sonar en la cabeza de los presentes.
A consecuencia de todo ello, este jueves Ciudadanos exigió al gobierno local que consignara en los juzgados los casi seis millones de euros en los que está valorada la expropiación, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia sobre el precio final. Para el concejal de Cs, Juan Balastegui, “el PP ha sido irresponsable al firmar el acta de ocupación sin entregar el dinero, y podría costarnos hasta 240.000 euros al año en intereses de demora”.
Según el edil, “nuestra propuesta nace tras descubrir que el PP, con una absoluta irresponsabilidad, firmó el acta de ocupación de la finca el 28 de marzo sin informar ni consultar al resto de grupos, abriendo con ello la posibilidad de que en el futuro Ortiz reclame intereses desde esa fecha”.
Al respecto el concejal denunció que “en este tema, como en todos los que tienen relación con el citado empresario en la ciudad, nos surgen muchos interrogantes, y por eso cuando el PP retiró del pleno la moción, a instancia de nuestro grupo, presentamos con el resto de la oposición una moción que, aunque se dejó sobre la mesa, buscaba que Gobierno local, Secretario e Interventor aclarasen algunas de las muchas dudas que existen este proceso”. Cabe recordar que el portavoz del PSOE, Rubén Martínez, afirmó a este diario que los seis millones de euros estaban reservados en las arcas municipales, que no consignados en los juzgados.
Si bien es cierto que el secretario dio las distintas formas en las que se podría pedir intereses de demora, indicando que la que más cuadraba con el caso que ocupaba era que podía pedir intereses después de que hubieran transcurrido dos años de la apertura del expediente de expropiación. Y que se podría ampliar en otros dos años si no se estaba de acuerdo en las condiciones. Por lo que, siguiendo este criterio, los intereses se podrían haber generado desde el 2015.
No obstante, Balastegui manifestó a Alicante Plaza su seguridad al respecto y lo tiene claro, sea como sea, con el acta de ocupación firmada, mínimo se empezarían a generar intereses desde esa fecha, cuyo firmante sería el actual alcalde del PP, Toni Pérez.
En declaraciones a este diario, el primer edil tiró balones fuera recordando que cuando se inició todo el proceso él no era el máximo responsable de la ciudad. Además, afirmó que no puede estar informado de todo lo que ocurre en la localidad si son asuntos en los que él no gobernaba. Por ello, argumentó que los técnicos le prepararon la documentación de la que se fió para firmar el acta de pago y ocupación. "Estoy tranquilo porque sigo el criterio de los técnicos", zanjó.
No obstante, agradeció "las críticas constructivas que hacen siempre desde Ciudadanos". Y a continuación, señaló que "a día de hoy -por el jueves- no se me ha informado de que tal cantidad no esté consignada en los juzgados. Además, según la intervención del secretario en el pleno, entendí que los intereses se estaban generando desde hace años". Finalmente, recalcó que lo que "hay que saber ahora es qué hay que hacer", por ello, en la junta de portavoces convocada para este lunes se tratará el tema con los técnicos para que se intente poner luz sobre el asunto.
Por su parte, Balastegui recordó que “la expropiación de la finca El Moralet, de 332.894 metros cuadrados, se inició a instancias de la mercantil propietaria del terreno, pidiendo por ello 47,7 millones de euros que el Ayuntamiento rechazó, reduciendo esa cantidad a apenas 74.773,97 euros”. Actualmente, según ha concluido, “los casi 6 millones de euros que resolvió el Jurado de Expropiación de Alicante están reservados en las arcas municipales sin generar apenas intereses favorables para el Ayuntamiento”, concluyó el regidor.
Cabe recordar que esos casi 75.000 euros sí que se les llegó a la empresa participada por Enrique Ortiz y Antonio Sola, Iniciativas Comerciales de Benidorm (Incobe). Fue en 2013, cuando la sentencia les obligaba al pago de al menos la cantidad acordada por las dos partes.