ORIHUELA. Muy lejos ha quedado la promesa de inversión de 20 millones de euros en la regeneración de la ciudad y la recuperación de su patrimonio histórico que se anunció a bombo y platillo en 2016. Veinte millones de los que, se dijo, la mitad vendría de Europa, dentro del programa Edusi. El Ayuntamiento debía así invertir 10 millones de euros para recibir un montante simular de fondos europeos. Las cifras hablan por sí solas: El gasto total justificado a 15-5 de 2024 (el plazo de ejecución de los proyectos acabó en realidad el 31 de diciembre de 2023) es de tan solo 2.381.686,80 euros, según el informe redactado por los propios técnicos municipales encargado por el actual edil de la Unidad de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Orihuela, Matías Ruiz.
Esto quiere decir que, de los 10 millones que iba a inyectar Europa para inversiones en el municipio tan solo se van a recibir, finalmente, 1.138.696,94 euros. Algunos de esos grandes proyectos anunciados con estos fondos están a día de hoy sin terminar. Es el caso por ejemplo del Palacio de Rubalcava o la rehabilitación de la antigua Caja de Monserrate. En el caso del Palacio se destinaron 1,6 millones de euros, una cifra que ha ido aumentado a lo largo de los meses por imprevistos en la estructura que ha obligado a modificar el proyecto e inyectar más dinero. Una situación similar está el proyecto de la Caja de Ahorros de Monserrate, al que se destinó inicialmente 1,2 millones.
Otro de los proyectos ambiciosos sin ejecutar es el de la protección contra la splagas del Palmeras de San Antón o la regeneración del Monte de San Miguel. En este punto había además un proyecto para dotarlo de alumbrado, u otro para construir un itinerario ciclista, que tampoco se ha ejecutado.
El informa señala que además de los 2,3 millones ya justificados, hay otros 3,2 en fase de "admisibilidad", por lo que la cuantía podría incrementarle ligeramente si final se les admiten las justificaciones presentadas in extremis. El informe técnico señala a los condicionantes por los plazos estipulados por la legislación de contratos públicos" para justificar los continuos retrasos que han hecho que los proyectos estuviesen enquistados durante años, no se hayan licitado y, por tanto, no se hayan podido desarrollar. También señala como causa "la disponibilidad de informes o autorizaciones cuya competencia residen en otras instituciones y administraciones".
Sin emabrgo, el mayor problema, reconoce el informe, ha sido "la limitación acusada que este Ayuntamiento ha sufrido por el hecho de disponer de un presupuesto prorrogado desde 2018", ya que "se ha convertido en un auténtico lastreque ha mermado la necesaria agilidad en la disponibilidad de los créditos" para licitar y acometer las actuaciones.
