ORIHUELA. Orihuela tiene 5.760 pisos turísticos dados de alta y cerca de 1.300 en cola, a la espera de recibir la autorización pertinente. Estos son los datos que ha ofrecido el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz. La mayoría de estas viviendas de uso turístico están en Orihuela Costa. Pese a las cifras, el equipo de gobierno considera que no hay un problema con este tipo de establecimientos en el municipio. En los últimos años, el número de pisos turísticos ilegales, sin licencia, se han multiplicado en la provincia. Sin embargo, PP y Vox consideran que no es una problemática que afecte a la que, por otra parte, es una de las zonas turísticas más importantes del sur de la provincia. Así al menos lo han señalado para justificar su abstención en el pleno de esta mañana a la moción presentada por Cambiemos Orihuela para la investigación de los pisos turísticos ilegales en la localidad. La propuesta, eso sí, ha salido adelante pero tan solo con el apoyo del PSOE, ya que el resto de grupos (PP, Vox y Ciudadanos) se han abstenido, con el argumento de no "demonizar al turismo", al tratarse de un sector económico clave en la economía local, especialmente en la costa.
Ruiz ha dado algunos datos muy significativos que muestran la radiografía de estas viviendas turísticas en la ciudad, al menos en lo que respecta a las dadas de alta como tal. El Ayuntamiento tiene actualmente 88.528 viviendas inventariadas. De ellas, solo 31.863 pertenecen a primeras residencias mientras que el resto, 56.645 son segundas residencias y casas vacías. De estas últimas, el edil asegura que 32.536 segundas residencias se utilizan realmente, en base a los datos de consumo eléctrico proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Por otra parte, según los datos del portal de Turismo de la Comunidad Valenciana, es ahí donde se recogen que el municipio cuenta con 5.760 viviendas catalogadas como turísticas. El Consistorio espera "llegar a las 7.000 próximamente teniendo en cuenta las solicitudes pendientes", ha señalado Ruiz.
Desde el PSOE han señalado que, si esas son las cifras oficiales, serán mucho más altas teniendo en cuenta las casas ilegales. Sin embargo, Ruiz ha insistido en que no existen, ni en el área de Urbanismo ni por parte de la Policía Local, denuncias relacionadas con este tipo de alojamientos ilegales, al tiempo que ha señalado que el 25% de las segundas residencias, una de cada 4, tiene esta calificación de vivienda turística.
Desde Cambiemos han defendido la necesidad de controlar y perseguir estos piso turísticos irregulares. Por tres razones principales: la competencia desleal que generan con respecto a los establecimientos que sí están dados de alta y tributan los ingresos procedentes de estos alquileres turísticos; la falta de seguridad que genera para los usuarios al no estar garantizado que estos alojamientos cumplan con las medidas contra incendios, de accesibilidad y otras cuestiones legales, y el problema que supone para el acceso a la vivienda ante la escasez de ellas en la ciudad.