Foto: KAI FÖRSTERLING/EFEVALÈNCIA. La vuelta de las vacaciones va a ser intensa para el nuevo gobierno de Carlos Mazón, y en particular, para la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública. Además de la elaboración de los Presupuestos de 2024, la cartera que dirige Ruth Merino cuenta con una larga lista de deberes que el Ejecutivo del Botànic dejó pendientes sobre la gestión de la plantilla de la Generalitat. Algunas de ellas, de hecho, deben resolverse en apenas en los cuatro meses que restan para que termine el año.
Es el caso, por ejemplo, de la última Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria que deben sacar las autonomías para reducir la temporalidad en las administraciones y que fue aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez antes de que se celebraran las elecciones generales del 23 de julio mediante el conocido como "decreto escoba".
La norma autorizó a una "tasa adicional a las Administraciones Públicas" para que convocaran "procesos selectivos conforme a la disposición octava de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público con la finalidad de garantizar en todo el territorio el derecho de acceso a los procesos de estabilización en condiciones de igualdad".
En la exposición de motivos, el Ejecutivo central argumentaba el porqué autorizaba justo después de haberse realizado ya una OPE de estabilización otra convocatoria adicional como la de hace dos años. El motivo principal, explicaban en el documento, era que había existido "desigualdad en las diferentes comunidades autónomas a la hora de convocar los procesos del concurso de méritos extraordinario" porque cuando se ejecutaron las convocatorias, todavía había procesos de estabilización anteriores que no se habían resuelto y tenían una regulación diferente a la OPE extraordinaria de 2021.
Una circunstancia que ha derivado en que vacantes ocupadas por personas que cumplían los requisitos, no fuesen convocadas en el concurso de méritos extraordinario y, por tanto, se impidió con ello el acceso a estas plazas por la vía de la estabilización.
La norma estatal, eso sí, obligaba a las Comunidades Autónomas a aprobar el número de plazas antes de que finalizara 2023 y a resolver la Oferta Pública de Empleo antes del 31 de diciembre de 2024. Un calendario que obliga ahora a la Conselleria de Hacienda a negociar con los sindicatos en la Mesa General la nueva OPE para más tarde aprobarlo en un pleno del Consell en menos de cuatro meses.
El cambio de gobierno también servirá para que los sindicatos retomen una de las cuestiones que la exconsellera del ramo, Gabriela Bravo, dejó en el tintero. Tras las reticencias iniciales, la Conselleria trasladó a los sindicatos en una Mesa Técnica de Función Pública la predisposición que existía a hacer efectiva la reducción de la jornada laboral de los funcionarios de la Generalitat a 35 horas semanales.
Una decisión cuyo impacto económico comenzaron a analizar para definir si sería asumible para las arcas autonómicas, si bien ya avanzaron que los primeros números que manejaba la Conselleria eran favorables a que la medida se pusiera en marcha.
Ahora, sin embargo, los nuevos gestores deberán abordar esta cuestión para resolver si es o no viable. Más aún en un contexto económico complejo en el que Hacienda no tiene previsto incorporar la partida reivindicativa de los 1.336 millones en los Presupuestos de 2024 y dejará de recaudar alrededor de 350 millones de euros el próximo año con la eliminación del de Sucesiones y Donaciones.
Otro de los asuntos candentes sobre la mesa de Merino es el cese de interinos que comenzó a realizar el anterior gobierno. Con la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) motivada por una sentencia europea de marzo de 2020 que obligaba a reducir la temporalidad en las administraciones y que impide que una persona interina esté más de tres años en una plaza pública, el Gobierno valenciano comenzó en mayo a cesar a empleados temporales si la plaza había sido adjudicada a otra persona como consecuencia de una Oferta Pública de Empleo o un concurso aunque este decidiera no incorporarse.
Una circunstancia que, como ya informó este diario, provocó cierta zozobra entre el personal afectado y sindicatos, que defendían que desde la entrada en vigor de la nueva normativa todavía no habían transcurrido tres años y por tanto no se debería estar cesando a personal. El escenario también angustiaba a los gestores de la Generalitat por la cantidad de vacantes que estos ceses estaban provocando y cómo esto podría afectar a corto plazo a la prestación de servicios públicos, dado que al quedarse vacantes los puestos, estos deberían cubrirse mediante bolsas. Un trámite que tarda aproximadamente dos meses en completarse.
La antigua Conselleria de Justicia y Administración Pública pidió a Abogacía un pronunciamiento al respecto para tomar una decisión en un sentido u otro: cesar al personal, o seguir aplicando la misma praxis que antes de que se reformara el TREBEP. Y la respuesta no resolvió ni en un sentido ni en otro.
En julio de 2024 vencerá el plazo de los primeros interinos que fueron nombrados con la nueva ley de Función Pública, por lo que la Generalitat deberá resolver más pronto que tarde qué hacer con esta nueva remesa de temporales a los que la ley obliga a cesar.
